Miembros de la Comisión “Garrote” del Congreso Nacional fueron este jueves hasta el IPS Central para continuar el apriete contra el grupo ABC. Los principales referentes del cartismo sostienen que el Centro Hemato-Oncológico tuvo que haberse terminado para el año 2020, en el marco del contrato de fideicomiso suscrito entre la previsional y el Banco Atlas; mientras que una minoría de los miembros se ratifica en que “no existe ninguna obra fantasma” y que, si las obras no se terminaron a tiempo, esto fue responsabilidad de los fiscalizadores de los trabajos y de las autoridades del IPS.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sigue sin encontrar más jueces y fiscales que serían investigados por prestarse a los “aprietes” propuestos por Ramón González Daher. Hasta ahora serían 18 operadores de justicia sobre los cuales son analizadas sus conductas. En la sesión de este martes, se archivaron otras 10 causas y sumarían 115 los casos analizados.
La acusación contra la fiscala de San Lorenzo Ana Girala contiene el relato de casi una treintena de casos de “apriete”, que se habrían materializados entre los meses de setiembre del 2022 y febrero del corriente año. Los chats presentados dejan al descubierto el modus operandi para el “apriete”.
Para este viernes está prevista una sesión extraordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) donde se escuchará en una audiencia a Ramón Zubizarreta Zaputovich, una de las víctimas del usurero Ramón González Daher (RGD). El Jurado investiga la participación de fiscales y jueces que no fueron enjuiciados, en principio, por prestarse a los “aprietes” del exdirigente deportivo.
La acusación presentada contra la fiscala Ana Girala desnudó un esquema de “apriete” en la Unidad Fiscal N° 1 de San Lorenzo del que no se salvaba ni el menos pudiente. Los pedidos de coima iban de G. 1 a 30 millones y de no tener recursos, tocaba proveer insumos de oficina, productos de limpieza y hasta papel higiénico.
El cambio de postura del ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien luego de rechazar su designación en la vicepresidencia 2ª de la Corte Suprema de Justicia terminó aceptando el cargo, generó todo tipo de críticas, sobre todo por la presunta injerencia política en las elecciones en el máximo tribunal. La activista anticorrupción María Esther Roa aseguró que el caso evidencia un “apriete de fuerzas externas en el Poder Judicial”.