Uno de los factores de incertidumbre en el campo económico en el año que comienza es la caída de la inversión estatal, en parte como consecuencia de los recortes en el Presupuesto para reasignar esos recursos a salarios y gastos corrientes en el año electoral. Ante esto, algunos gremios de la construcción presionan para que el Estado tome más préstamos, dada la importancia de encarar obras públicas y el impacto que estas tienen en la generación de empleos y en el crecimiento. Que el país necesita infraestructura no cabe duda. Que las obras públicas son beneficiosas para la economía es teóricamente cierto. Pero aumentar aún más el endeudamiento en las circunstancias actuales ya no es sostenible.
Si a alguien no le alcanza lo que gana para cubrir sus gastos y ya está muy endeudado como para recurrir a más préstamos, lo más razonable es que intente o gastar menos o ganar más o ambos. Lo que nunca debería hacer, por lógica, es gastar más aún y ganar todavía menos. Sin embargo, es exactamente eso lo que quieren obligar a hacer al Estado paraguayo. Pese a que las cuentas fiscales han estado en saldo rojo durante diez ejercicios consecutivos, con una disparada sin precedentes en los últimos cuatro años, y que, como consecuencia, el endeudamiento público ya supera ampliamente el límite de prudencia, con una inflación que comienza a ser galopante y un complicado contexto internacional, en este momento hay en el Congreso al menos diez proyectos de ley que aumentan el gasto estatal y, paralelamente, al menos tres que reducen las recaudaciones.
Las autoridades deben ser muy prudentes con los pedidos de aumentos salariales a funcionarios públicos, ya que no hay margen fiscal para ello, coincidieron expertos. En cuanto al salario mínimo legal, expresan que a lo sumo debe ajustarse en línea con la inflación.
El proyecto del Ejecutivo para la creación del Fondo de Estabilización del Precio del Combustible, que contempla un préstamo de 100 millones de dólares, no convence a los Senadores y a pesar del fuerte “lobby” que hizo el Ejecutivo, el tema no prosperaría porque los legisladores rechazan casi unánimemente la intención de volver a endeudar al país en pleno año electoral.
El 2022 será un intenso año electoral según el cronograma del TSJE. Iniciará con la lucha por controlar el nuevo y apetecible distrito de “Nueva Asunción” a nivel municipal. Mientras que a nivel de elecciones generales, se alista la prematura campaña con miras las internas partidarias de diciembre próximo.
El año que comienza se presenta sumamente complicado desde el punto de vista económico, pero la situación se puede agravar mucho más si el período electoral hace que las personas a cargo no tengan la responsabilidad y la valentía para mantener cierta disciplina y hacer los ajustes necesarios al margen de las demandas de los grupos de presión. En ese escenario, algunos pueden salir beneficiados en el corto plazo, pero las principales víctimas serán las familias de medianos y menores recursos, que sufrirán una caída cada vez más pronunciada del poder adquisitivo de sus ya escasos ingresos.