El diputado Rubén Rubin (Ex-Hagamos) pidió informes a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), cuyo titular es Félix Sosa, sobre los procesos de indemnización, teniendo en cuenta los recientes escándalos sobre aparentes estafas a los verdaderos afectados por el ente. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pedido de informes y le otorga 15 días hábiles a Sosa.
La fiscala del caso del despojo de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para dos familias de Caaguazú, Norma Salinas, adelantó que habrá nuevas imputaciones. Además, no le convence el acuerdo entre la principal imputada Adelaida Acosta Armoa y los afectados, así también indaga qué pasó de los G. 125 millones, porque en principio el monto para cada beneficiado era de G. 400 millones.
El intendente de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, Víctor Nadelli, comentó que desde que se enteraron del caso que afecta a Anadelia Acosta sacaron una resolución solicitando denegar su comisionamiento. Nadelli indicó que fue la mujer -ex funcionaria de la Cámara de Diputados tras presentar renuncia hoy- quien solicitó ir a trabajar en el mencionado distrito, donde se encargaba de la Secretaria de la Mujer.
Una familia oriunda de Ciudad del Este denunció que el padre de Anadelia Acosta, funcionaria del Congreso sindicada por esquema de despojo de indemnizaciones, tiene el mismo modus operandi. Contaron que a partir de una denuncia falsa, los acusó de quedarse con unas tierras para posteriormente tratar de “llegar a un acuerdo”, siempre buscando beneficio económico.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que aceptó la renuncia de Anadelia Acosta como funcionaria del Congreso. La mujer es una de las principales implicadas del esquema de despojo de millonarias indemnizaciones de la ANDE, pero alegó que deja el cargo por “motivos estrictamente personales”.
El abogado Marcial Ayala, quien lleva la defensa técnica de Anadelia Acosta Armoa, se presentó en la mañana de este viernes ante la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja para presentar la renuncia de la funcionaria. Ella es una de las principales imputadas por el despojo de G. 725 millones de una indemnización que debían recibir dos familias de víctimas fatales de un accidente con un cable de la ANDE.