23 de diciembre de 2024
El Ministerio de Salud actualmente está tramitando 24 amparos judiciales iniciados por familiares de pacientes con COVID-19 que no consiguen terapia intensiva en el sistema público o ya están en sanatorios privados y piden que el Estado corra con los gastos. El director de asuntos judiciales, Omar Valdez, contó que pueden llegar a gastar hasta G. 13 millones por día en cada cama de UTI y tienen 90 que son parte del convenio público-privado.