Preocupante. Así es la situación que viven últimamente los periodistas del norte del país. Las últimas amenazas a los colegas Vicente Godoy y Aníbal Gómez son la muestra de que no en balde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado esta parte del país como Zonas Silenciadas, donde la censura es moneda corriente y el trabajo periodístico se ha convertido en una actividad de riesgo.
La Policía Nacional se encuentra investigando unos 90.000 números telefónicos asociados a cuentas de redes sociales que comparten distintos tipos de amenazas o incitan a la violencia, principalmente con temas referentes a las denuncias por un presunto fraude electoral. Al respecto, el comisario Diosnel Alarcón, jefe del departamento de Delitos Informáticos, sostuvo entre todos los perfiles, hay más de 1.000 “amenazas fuertes”.
El jefe del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen de la Policía Nacional, comisario Diosnel Alarcón, precisó que 36 personas están siendo investigadas por proferir amenazas a través de las redes sociales. Las advertencias incluyen quemar medios de comunicación, agresiones a periodistas, policías y otras instituciones supuestamente “para hacer oír” reclamos relacionados con la cuestión electoral.
Conforme detalló el comisario Carlos Benítez, director de Prevención de Seguridad de la Policía Nacional, el hombre que habría lanzado graves amenazas contra el personal de Radio Cáritas aún se encuentra en libertad. Señaló que no hubo una nueva orden de captura en su contra por parte del Ministerio Público.
El arzobispo de Asunción y cardenal Adalberto Martínez emitió un mensaje en repudio a las amenazas de muerte emitidas contra los trabajadores de la emisora Cáritas y religiosos que se hospedan en el Seminario Metropolitano de Asunción. Un hombre que fue vinculado a la investigación “A Ultranza” fue identificado como posible responsable.
Ante amenazas que recibieron varios agentes fiscales de lucha contra el narcotráfico, el Ministerio Público emitió un comunicado. En el documento se insta a las autoridades correspondientes a garantizar la seguridad de los mismos.