Autoridades del Ejecutivo se reunieron en Palacio de López para coordinar las tareas de asistencia a familias afectadas por la sequía en el sur del país y las inundaciones en el norte. La ministra de la Secretaría de Emergencia Nacional no quiso precisar el número de damnificados alegando que ello es “muy cambiante”.
Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas de IPS, manifestó que es posible que entre un 40% y 60% de los contratos laborales sean suspendidos a causa del COVID-19. En ese contexto, señaló que el pago de subsidios a los afectados por esta situación será para quienes ganen hasta dos salarios mínimos y el objetivo es efectivizar la asistencia a más tardar el miércoles, aunque esto dependerá del decreto del Ejecutivo.
Las autoridades nacionales desistieron de entregar kits alimentarios a todas las personas que perdieron sus trabajos o no pueden trabajar a causa de la cuarentena y optaron por transferir bonos a través de las líneas telefónicas para la compra de alimentos. En esta nota, el ministro Hugo Cáceres explica los pormenores de por qué se tomó esta determinación y cómo se llevará a cabo el programa Ñangareko.
El ministro Joaquín Roa, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), solicitó a la ciudadanía conciencia y patriotismo más que nunca, para no aprovecharse de la situación que atraviesa el país. “Yo vengo pidiendo que no se inscriban aquellas personas que no necesitan el kit”, subrayó, además de señalar que hoy, o en los próximos días, estarían habilitando una línea telefónica y una app para que la gente afectada se anote.
Unos 150 pobladores de la localidad de San Cosme y Damián afectados por las violaciones al Tratado de Yacyretá piden la cabeza de Nicanor Duarte Frutos, pues aseguran que el presidente de la entidad se ha negado a conversar con ellos. Denuncian que no les dan la indemnización que les corresponde y que se la reparten “entre politiqueros”.