El Ministerio Público presentó apelación en contra de la sentencia que el pasado 15 de noviembre absolvió de culpa y pena a tres acusados por la quema de Colorado Róga. La fiscalía pide la nulidad del fallo y el reenvío del expediente para un nuevo juicio oral, alegando que el tribunal realizó una interpretación contradictoria de las pruebas.
El fiscal de delitos económicos Diego Arzamendia apeló el sobreseimiento definitivo del ex diputado Tomás Rivas (ANR), en el proceso abierto por el caso de sus “caseros de oro”. Arzamendia asumió la representación del Ministerio Público, luego de que el fiscal del caso Luis Piñánez fuera recusado por la defensa.
El Ministerio Público no presentó apelación en contra de la absolución de culpa y reproche del exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola, en el proceso por presunta declaración jurada falsa. Con esto queda firme la decisión de primera instancia y la presente causa penal se archiva definitivamente.
Por segunda vez, el exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Xavier Durand fue absuelto de culpa y reproche del proceso por declaración jurada falsa. El Tribunal de Sentencia, que estuvo a cargo del segundo juicio en la presente causa, concluyó que el hecho no fue probado. La fiscalía había solicitado una condena a 3 años de cárcel.
El Ministerio de la Defensa Pública dio a conocer el caso de Águeda y Henrique, quienes eran pareja, y vivieron durante mucho tiempo en Brasil, puesto que él era ciudadano brasileño. Ambos decidieron mudarse a Paraguay, luego de haber comprado una pequeña casa en el departamento de Alto Paraná. Hacía dos meses que se instalaron en su nuevo hogar y estaban haciendo mejorías en el lugar.
El Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por Alba González y Darío Báez, resolvieron absolver de culpa y reproche del hecho punible de enriquecimiento ilícito al ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Veron y a su esposa María Selva Morínigo, por el hecho de lavado de dinero, a quienes la fiscalía acusó y pidió la aplicación de penas de 8 y 5 años, respectivamente