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“La ciudadanía ha quedado impactada ante la revelación de una tenebrosa asociación criminal que tenía montado un esquema de venta de protección a delincuentes”, señala el comunicado.
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Hacen alusión a las evidencias presentadas por el juez Osmar Legal y publicaciones periodísticas que salpicaron a los diputados cartistas Orlando Arévalo y Eulalio “Lalo” Gomes (+) y a otros integrantes de una “organización mafiosa”.
“Esta organización mafiosa está integrada por miembros del JEM, fiscales, jueces, ministros, funcionarios públicos y legisladores del Movimiento Honor Colorado, ha manipulado expedientes judiciales en beneficio del crimen organizado, y ha vendido impunidad a fiscales y jueces en causas sumamente graves”, señala y pide esclarecimiento real de los hechos.
Puntualmente, realizan tres pedidos puntuales:
- Transparencia absoluta de todos los procesos abiertos de oficio o a denuncia de parte en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Investigaciones fiscales que incluyan a todos los funcionarios públicos y ciudadanos particulares mencionados en los mensajes. Las acciones deben ser perentorias y concretas (allanamientos, pericias, indagatorias, testificales, informes etc.) que apunten a la sanción de los autores de estos hechos criminales.
- Auditorías integrales e independientes de todos los expedientes y casos mencionados en los mensajes, para revelar y publicar a partir del seguimiento de los mismos, los resultados institucionales efectivamente acaecidos en el Jurado de Enjuiciamiento, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General del Estado, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y cualquier otra institución pública, a raíz de los pedidos realizados en su oportunidad por el fallecido diputado Eulalio Gomes a las distintas autoridades con quienes mantuvo comunicación.
- Para el caso de los órganos plurinominales deben incluirse a aquellos integrantes que acompañaron esos pedidos. Haciéndonos eco de la ciudadanía víctima de este sistema criminal de tráfico de influencias, soborno, cohecho y planificación delictiva, exigimos que esta causa sea prioridad institucional ante el peligro que representa para todos los paraguayos y paraguayas de bien estar gobernados por una justicia que demuestra estar al servicio del crimen organizado y no a favor de la ciudadanía a quien se debe.
Firman el documento el Partido Participación Ciudadana (PPC) de la senadora Esperanza Martínez; el senador Ignacio Iramain y el diputado Raúl Benítez (Independiente); la exsenadora expulsada Kattya González; el Partido Yo Creo, del senador Rubén Velázquez y los diputados Guillermo Rodríguez y Walter García, el Partido Paraguay Pyahurã, encabezado por Ermo Rodríguez y otros.