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El jefe de Estado, Santiago Peña (ANR-HC), firmó ayer la Ley N° 7452 “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”. La normativa suplanta a la anterior Ley de Alianza Público-Privada (APP), que entró en vigencia en el gobierno de Horacio Cartes. La iniciativa dará mayor poder al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo de Carlos Fernández Valdovinos, en detrimento del control del Congreso y la posibilidad de plantear proyectos desde las municipalidades.
La ley fue sancionada el 22 de enero último por la aplanadora cartista y satélites de la Cámara de Diputados, con limitación para el debate y sin aceptar las sugerencias para el proyecto de ley. El presidente Peña firmó la ley antes de emprender viaje ayer con destino a la ciudad de Panamá, donde inició una visita oficial. Desde ese país centroamericano se trasladará a Suiza, donde permanecerá hasta el 2 de febrero.
La nueva Ley, que supuestamente busca atraer la inversión privada para financiar proyectos de infraestructura y que habría sido apurada durante el receso de actividades en el Parlamento, presuntamente para acelerar una iniciativa en este sentido para el aeropuerto Silvio Pettirossi (Luque), tuvo críticas centradas principalmente de vuelta al acumulamiento de poder por parte del Ejecutivo.
Desde su promulgación en 2013 hasta ahora, la única obra ejecutada mediante el modelo de Alianza Público Privada fue la duplicación de la Ruta 2 y 7, es decir, un solo proyecto en más de una década de vigencia de la ley, por lo que difícilmente se puede alardear de “desarrollo”.
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A las apuradas
Ante la falta de análisis en comisiones, el diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana), secundado por su colega de bancada Mauricio Espínola, solicitaron postergar el tratamiento en particular de la iniciativa, que ni siquiera se analizó suficientemente en comisiones, pero perdieron ante la aplanadora cartista.
El proyecto, sin embargo, fue aprobado por capítulos, sin análisis artículo por artículo, y solamente con el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos, que no fue explicado detalladamente, pese al pedido expreso de la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) de aclarar las reformas a implementarse.
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El diputado Raúl Benítez (independiente) se sumó al pedido pidiendo que al menos sea convocado el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para que explique cuáles son sus planes con esta ley, y expresó que no pueden aprobar solamente confiando en la “buena fe” hacia quien esté en el poder.
¿Qué dice la nueva Ley?
Entre otros aspectos cuestionados de la ley, se mencionó el artículo 2º inciso G, que extiende de 30 años (con la ley anterior) a 40 años los plazos de los contratos.
Por otra parte, se establece en el artículo 3º como monto mínimo de inversión para una APP el equivalente a 12.500 salarios mínimos mensuales (unos G. 34.978 millones en la actualidad), aunque se acota que “este valor podrá disminuirse excepcionalmente, previo análisis y con una autorización caso por caso emitida por el Equipo Económico Nacional (EEN) y hasta el límite que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considere conveniente”.
No es el único “poder” extraordinario que se da al MEF, ya que en el artículo 30 se señala que la administración contratante. Es decir, el MEF podrá aumentar el contrato original de manera unilateral hasta un 15%, pudiendo sumarse un 30% en el caso de “común acuerdo”.
“El cálculo del porcentaje de modificaciones al contrato realizadas de común acuerdo es independiente al cálculo del porcentaje de modificaciones realizadas unilateralmente”, señala el texto aprobado, por lo que los contratos podrían sufrir un aumento de hasta el 45% de lo previsto inicialmente.
Entre los aspectos positivos resaltados por los cartistas, señalaron la inclusión de la Procuraduría General de la República (PGR) como órgano de control, ya que el artículo 9º señala que dicha institución deberá emitir dictamen respecto a los contratos. No obstante, ese artículo solamente menciona como vinculante el dictamen que emita el MEF.
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Más poderes al MEF
El diputado Raúl Benítez (independiente) cuestionó que con esta ley, otra vez, se dé más poder al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos Agregó que, en paralelo, el Congreso nuevamente quede como “pasapapeles” del Poder Ejecutivo.
Con la nueva ley, el MEF podrá unilateralmente modificar las condiciones de las APP, incluso con ampliaciones de los contratos, a costa del ciudadano y siendo una potencial herramienta para recaudación “paralela” en época de campaña.
Diputados opositores y disidentes también trataron de dar posibilidad de que gobernaciones y sobre todo municipios puedan acogerse a la modalidad de contratos de APP, pero el cartismo se negó. De hecho, esta es una de las reformas importantes con relación a la ley de APP original, puesto que esta no focalizaba todo en la administración central.