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El senador José Oviedo (Yo Creo) presidió la audiencia pública donde se analizó el alcance de la Ley 7.446/2024, que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS). Entre las críticas más duras emitidas es que se hizo a espaldas de la ciudadanía, que no se respetó la técnica legislativa y que algunos artículos son inconstitucionales que afecta directamente al trabajador más humilde. Los asistentes indicaron también que la ley no soluciona el problema económico del IPS, pues sigue siendo administrada por políticos corruptos e inescrupulosos.
Al inicio de la actividad la Ing. Mercedes Canese, quien es asesora parlamentaria, explicó las modificaciones en el sistema de jubilaciones del IPS. Destacó las principales diferencias, entre el régimen previo y las nuevas disposiciones, establecidas por las leyes aprobadas.
Tercer cálculo
Por su parte, el abogado Pedro Halley, representante de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, presentó una alternativa de modificación al artículo sexto de la Ley vigente. Dijo que es con el objetivo de mejorar el sistema de cálculo. Se sugiere la incorporación de un tercer cálculo para el monto de la jubilación.
Halley sugirió que el primer cálculo se realizara con base en el promedio de los últimos 36 meses de aportes; el segundo incluiría el promedio de los 36 meses más el tiempo transcurrido hasta la presentación de la solicitud de jubilación; y el tercero consideraría un período de 120 meses.
Manifestó que de esta manera, el jubilado podría optar por el cálculo que le resulte más favorable y el IPS esté obligada a abonar el monto más alto posible de pensión.
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Asimismo, Juan José Bernis, abogado laboralista, indicó que prepara una acción de inconstitucionalidad contra tres leyes que fueron aprobadas de manera atropellada en el Congreso.
Pidió a los presentes a acercarse el próximo 23 de febrero a la plaza de San Lorenzo para firmar el pedido de inconstitucionalidad contra la Ley que modifica el régimen legal del IPS, la Ley de Pequeñas y Medianas empresas y la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones que, según argumentó, fueron creadas exclusivamente para atropellar los derechos de los trabajadores y jubilados.
“Se han aprobado leyes atropellando todo en este Congreso, y ninguno de los senadores y diputados maneja la realidad del sector laboral. Hay una inmoralidad tremenda”, sentenció.