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De vuelta, a tambor batiente y con limitado debate, la mayoría aplastante del cartismo en Cámara de Diputados sancionó sin admitir cambios el proyecto de ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, que suplanta a la anterior Ley de Alianza Público - Privada (APP), dando mayor poder al Ministerio de Economías y Finanzas (MEF), en detrimento del control del Congreso y la posibilidad de plantear proyectos desde las municipalidades.
La iniciativa que supuestamente busca atraer la inversión privada para financiar proyectos de infraestructura y que habría sido apurada durante el receso, presuntamente para acelerar una iniciativa en este sentido para el Aeropuerto Silvio Pettirossi (Luque), tuvo críticas centradas principalmente de vuelta a un acumulamiento de poder por parte del Ejecutivo.
Ante la falta de análisis en comisiones, el diputado Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana), secundado por su colega de bancada Mauricio Espínola, solicitaron postergar el tratamiento en particular de la iniciativa, que ni siquiera se analizó suficientemente en comisiones, pero perdieron ante la aplanadora cartista. El proyecto fue aprobado por capítulos, sin análisis artículo por artículo.
El diputado Raúl Benítez (Independiente) se sumó al pedido, pidiendo que al menos sea convocado el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para que explique cuáles son sus planes con esta ley, y que no pueden aprobar solamente confiando en la “buena fe” a quién esté en el poder
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Entre otros aspectos cuestionados de la Ley, se mencionó el artículo 2º inciso G, que extiende de 30 años (con la ley anterior) a 40 años los plazos de los contratos.
Por otra parte, se establece en el artículo 3º como monto mínimo de inversión para una APP el equivalente a 12.500 salarios mínimos mensuales (unos G. 34.978 millones en la actualidad), aunque se acota que “este valor podrá disminuirse excepcionalmente, previo análisis y con una autorización caso por caso emitida por el Equipo Económico Nacional (EEN) y hasta el límite que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considere conveniente”.
No es el único “poder” extraordinario que se da al MEF, ya que en el artículo 30 se señala que la administración contratante, es decir, el MEF podrá aumentar el contrato original de manera unilateral hasta un 15%, pudiendo sumarse un 30% en el caso de “común acuerdo”.
“El cálculo del porcentaje de modificaciones al contrato realizadas de común acuerdo es independiente al cálculo del porcentaje de modificaciones realizadas unilateralmente”, señala el texto aprobado, por lo que los contratos podrían sufrir un aumento de hasta el 45% de lo previsto inicialmente.
Entre los aspectos positivos resaltados por los cartistas, señalaron la inclusión de la Procuraduría General de la República (PGR) como órgano de control, ya que el artículo 9º señala que dicha institución deberá emitir dictamen respecto a los contratos.
No obstante, ese artículo solamente señala como vinculante el dictamen que emita el MEF.
Seguirá puenteo al Congreso
La propuesta de modificación del diputado Carlos Pereira (PLRA) planteaba que el Congreso tenga intervención, ya que el Art. 51 eliminó esa potestad.
“Pido que el Congreso tenga participación en la presente ley y aprobación de próximos contratos” y “vamos a hacer trato con el sector privado, pero a los costos y precios justos”, manifestó el legislador, pero fue ignorado.
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Críticas y defensa al “Lord” y “Rey Midas”
Los diputados Raúl Benítez (Independiente) y Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL) cuestionaron que con esta ley, una vez más se dé más poder al ministro Carlos Fernández Valdovinos y que el Congreso nuevamente quede como “pasapapeles” del Ejecutivo. Irónicamente Benítez catalogó al titular del MEF como el “super master, Lord Fernández Valdovinos. Señor de los 17 reinos. Hijo del Rey Midas, que todo lo que tocaba convertía en oro. El señor poderoso de la República”.
“El señor Fernández Valdovino: Señor Todopoderoso, más que el presidente de la República (Santiago Peña) y que del Congreso ni hablar, porque una vez más otorgamos todas las que son nuestras atribuciones al MEF. O sea, el amor propio en este Congreso no existe, así como Santi no se tuvo amor propio en EE.UU”, afirmó Benítez.
Esto porque detalló que con la nueva ley, el MEF podrá unilateralmente modificar las condiciones de las APP, incluso con ampliaciones de lo contratos, a costa del ciudadano y siendo una potencial herramienta para recaudación “paralela”.
“Ojalá alguna vez pueda tener una relación de pareja con ese nivel de amor que tiene la bancada oficialista con Carlos Fernández Valdovinos, que le va a seguir otorgando superpoderes al MEF, que va a poder decidir la APP, va a tener un dictamen vinculante, va a determinar el tiempo de duración, el interés, va a delinear el pliego de bases y condiciones”, cuestionó Benítez.
Excluyeron a comunas y las gobernaciones
Diputados opositores y disidentes también trataron de dar posibilidad de que gobernaciones y, sobre todo, municipios puedan acogerse a la modalidad de contratos de Alianza Público- Privada (APP), pero el cartismo se negó.
De hecho, esta es una de las reformas importantes con relación a la ley de APP original, puesto que esta no focalizaba todo en la administración central.
El diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) planteó testar (eliminar) una parte del artículo 2, incuso a, donde se define los Organismos entidades del Estado que podrán realizar contratos de APP y las excluidas taxativamente.
“A los efectos de la presente ley se entenderá por Organismos entidades del Estado (...). Quedan excluidos de los alcances de la presente definición las gobernaciones y municipios para los efectos de la presente ley”, señala la parte del artículo que se intentó dejar sin efecto.
“Solicito la inclusión de los gobiernos municipales para que también puedan aplicar está ley de APP en beneficio de la población y que no se siga más endeudando al Estado Paraguayo a costa” de varias generaciones que terminan pagando, y muchos de ellos además no se ven beneficiados por las obras, acotó el diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL). Los cartistas no permitieron ni un cambio.
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Ridículo argumento para avalar atropello
La líder de bancada cartista, diputada Rocío Abed, sin mayores argumentos, alegó que los opositores solo quieren poner “palos en la rueda” y que eso ya se planteó durante el tratamiento de la primera ley de Alianza Público - Privada (APP) durante el gobierno de Horacio Cartes.
“El poner palos en la rueda no es un invento de esta pseudo- oposición, disidencia... esto ya existió hace muchísimo tiempo y recuerdo allá por el 2013 cuando se oponían con esta ley de Horacio Cartes, decían que se iba a privatizar todo, que iban a haber concesiones y lo único que trajo fue desarrollo al país”, señaló Abed.
Lo más contradictorio de los dichos Abed es que afirmó que supuestamente la Ley de APP “lo único que trajo es desarrollo al país”, sin embargo, ahora justamente procedieron a modificar dicha ley por falta de resultados.
Prueba de ello es que desde su promulgación en 2013 hasta ahora, la única obra ejecutada mediante el modelo de Alianza Público - Privada fue la duplicación de la Ruta 2 y 7, es decir, un solo proyecto en más de una década de vigencia de la Ley, por lo que difícilmente se puede alardear de “desarrollo”.
Entre los proyectos que consideró “urgentes” en implementarse citó la ampliación de la Ruta PY01 y la reforma del aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en Luque.