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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmó la destitución de Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos, quien había sido funcionario permanente de la institución desde 2006.
Según un documento con el logo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), firmado por el juez de instrucción sumarial administrativo de la Conatel, Ángel Arsenio Maciel, el sumario administrativo concluyó con la resolución de destituir al exagente por faltas graves contempladas en la Ley de la Función Pública y reglamentos de la Senad.
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La sanción también incluye su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante los próximos cinco años.
Movimientos millonarios bajo sospecha
El caso de Ruiz Díaz tomó relevancia tras el operativo “A Ultranza”, el mayor golpe antidrogas en la historia del país, iniciado el 22 de febrero de 2022. Un mes después, el exagente registró movimientos financieros millonarios, y acumuló más de G. 1.065 millones, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Entre las transacciones llamativas, se destaca la compra de una camioneta de lujo por 85.000 dólares en diciembre de 2022, de los cuales 60.000 dólares fueron abonados al contado.
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Estas operaciones, junto con otros indicios de crecimiento patrimonial sin sustento, involucran también a su exesposa, Andrea Marti, quien fue agente de la Senad.
Polémico paso por la Cámara de Diputados
Tras el cambio de gobierno, Ruiz Díaz fue comisionado a la Cámara de Diputados por solicitud del diputado Jatar “Oso” Fernández. Este lo asignó a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico sin ser miembro.
Sin embargo, su vinculación con supuestas filtraciones de datos a procesados en el marco de “A Ultranza” generó polémicas. A través de su abogado, Ruiz Díaz negó estas acusaciones, aunque los chats incluidos en la investigación mencionan a la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT) de la Senad.
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Avances judiciales estancados
En 2022, la Senad presentó una denuncia penal contra Ruiz Díaz por presunta filtración de datos. El expediente sigue en manos de los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia.
El informe de la CGR, además de los movimientos financieros, señala omisiones y otras irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exagente y su entorno familiar.