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Según lo publicado por la Gobernación de Cordillera en la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), para el o la nutricionista con más experiencia se prevé un salario de G. 6.000.000, en tanto que para el o la nutricionista junior serán destinados G. 4.000.000 del presupuesto 2025-2026.
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Con base en la Licitación número 458778 “Servicio de Fiscalización del Programa Hambre Cero en nuestras escuelas y sistema educativo”, las funciones que tendrán ambos profesionales será encargarse de la fiscalización de las raciones y la calidad de los alimentos que serán entregados a los escolares dentro de los 20 distritos de Cordillera y también del contenido nutricional de cada ración. El contrato, según el dictamen técnico, será para el 2025.
Almuerzo escolar
Además, la Gobernación de Cordillera está en pleno proceso de licitación para la provisión de la alimentación escolar y, según lo publicado en Contrataciones Públicas, el gobernador Denis Lichi destinará G. 77.620.078.000 y tiene proyectado pagar por cada ración de alimento G. 12.400.
En este proceso, en la página de Contrataciones Públicas en el marco de la Licitación Nº 458324 existen cuestionamientos sobre los motivos por los que fueron incluidos puntos totalmente direccionados en el pliego de bases y condiciones, que pueden generar la sensación de inseguridad a los oferentes a presentarse. Se menciona una excesiva especificidad en las exigencias, subjetividad en la evaluación y aspectos de sostenibilidad ambiental, económico y social.
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“El requerimiento de cinco años de experiencia y 2 millones de raciones anuales limita la competencia y favorece a empresas que ya han estado en el programa”, dice parte del cuestionamiento dejado en DNCP.
Asimismo, se menciona que la cantidad de raciones solicitada por la Gobernación de Cordillera en el pliego de bases y condiciones puede ser considerada excesiva para empresas de menor tamaño que podrían igualmente cumplir con todos los estándares de calidad y servicio.
“Al exigir una experiencia tan específica, se discrimina a empresas que podrían ofrecer soluciones innovadoras y eficientes, pero que no han tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de esta escala”, reza otra parte de los cuestionamientos.
También se critica que en el pliego de bases y condiciones se establece como mínimo de 600 trabajadores asegurados en el Instituto de Previsión Social (IPS) como criterio de evaluación de aspecto de sostenibilidad social, que podría resultar un indicador arbitrario y desproporcionado en relación con la naturaleza del servicio a prestar.
El Ministerio de Educación y Ciencias registra en Cordillera 67.626 alumnos matriculados en Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media.