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La idea de eliminar el salario mínimo no es la primera -y probablemente no sea la última- propuesta que tiene el Gobierno de Santiago Peña que atenta contra los trabajadores, ya previamente hubo distintos proyectos que pese a tener un sinfín de cuestionamientos, igualmente fueron promulgados.
Si bien lo del salario mínimo fue una declaración que dio el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, que eventualmente pueda ocurrir, esto tampoco debería llegar a sorprender mucho al considerar antecedentes.
Un claro ejemplo es todo el rechazo que generó la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, algo que había movilizado a un montón de ciudadanos, pero aparentemente el Ejecutivo no escuchó al pueblo y decidió promulgar el proyecto de igual manera en diciembre del 2023.
Otro caso y aún más reciente fue el rechazo en contra de que el cálculo de jubilación del Instituto de Previsión Social (IPS) se eleve de tres a diez años, pero nuevamente pese al rechazo, Peña promulgó este proyecto el 30 de diciembre del 2024.
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La ley de Mipymes
Entre los “retrocesos” hacia los derechos de los trabajadores es imposible no mencionar la Ley N.º 4457/12, que regula las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con la que se establece que estas podrán abonar salarios sobre una base no inferior al 80% del salario mínimo legal.
Ante esto, el abogado laboralista Juan José Bernis detalló que pagar el 80% del salario mínimo al IPS va a perjudicar además a los ya jubilados, porque la caja de la seguridad social es un aporte para todos, además de que el trabajador, que ya apenas se mantiene con el salario mínimo, no podrá salir a comprar o entrar en el mercado para hacer crecer a otras empresas. Por su parte, Pedro Halley, presidente de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, señaló que esta ley también perjudica a los trabajadores, ya que mediante esta, se tardarán más años en cumplir con el tiempo establecido para jubilarse.
Asimismo, en su artículo 45 establece lo siguiente: “Las Microempresas (MIE) y Pequeñas Empresas (PE), podrán celebrar contrato de trabajo de plazo determinado por hasta doce meses de duración, el mismo podrá ser prorrogable por el mismo período, hasta treinta y seis meses de plazo, a cuyo vencimiento, el contrato concluirá sin obligación de pre avisar ni de indemnizar”.
Finalmente -y reiterando nuevamente que hubo muchos cuestionamientos hacia esta Ley- el Presidente reiteró que esta sería beneficiosa y declaró: “A pesar de los avances, aún tenemos un largo desafío por delante. La ley es una caja de herramientas. Tenemos que saber utilizarla”, había expresado al respecto.
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