Esto no se soluciona vendiendo más cara la chipa, dice Vallejo y pide suspender “inconstitucional” suba de peaje

Tras haber mantenido ayer una reunión con pobladores de Central y Cordillera afectados por el aumento de peaje en la Ecovía (Ruta Luque - San Bernardino), la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) insistió al gobierno que demuestre sensibilidad y tino político y suspenda el aumentazo, que es del 200% en un año y además es “inconstitucional”. “Los fundamentos deben ser analizados correctamente, no se soluciona esto vendiendo más cara la chipa “, sostuvo en alusión a la cuestionada respuesta de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

Pese a las quejas y las movilizaciones la tarifa del peaje de la Eco Vía Luque-San Bernardino sigue en aumento.
Manifestación de pobladores en la Ecovía (archivo).Faustina Agüero

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La diputada opositora Rocío Vallejo se reunió ayer con pobladores de Nueva Colombia, Altos, Loma Grande, San Bernardino, Emboscada y trabajadores de camiones volqueteros de Luque, todos afectados por el aumento del peaje ubicado en la Ruta Luque- San Bernardino, que hasta el momento solo encuentra reticencia y respuestas absurdas por parte del Gobierno de Santiago Peña y, particularmente, de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión.

“El planteamiento específico es que se suspende a los efectos de la resolución administrativa de la ministra de Obras Públicas del aumento del peaje, hasta tanto se pueda encontrar una solución para los trabajadores y pobladores de la zona”, insistió Vallejo como medida a corto plazo, ya que, si bien hay un proyecto de ley en Diputados para exonerar del pago de peaje en esa zona, recordó que estamos en pleno receso parlamentario, que había sido rechazado por el Senado e incluso, si se promulga, solo beneficiará a pobladores de San Bernardino, Altos y Nueva Colombia.

La legisladora insistió que la suspensión del aumento es la medida más atinada, atendiendo a que el reclamo ciudadano tiene total sustento ya que, por ejemplo, para personas que utilizan vehículos particulares de pequeño porte que deben pasar todos los días por la zona, representa un gasto mensual de G. 900.000.

“El planteamiento no es para nada descabellado debido a que esa es una decisión política. Acá estamos ante una crispación social, ante una preocupación de la ciudadanía, sabemos que la economía, la macroeconomía que está súper bien, no está permeando a los sectores más vulnerables. Estamos buscando una solución, entonces, que se suspendan los efectos de esa resolución hasta tanto se conforme una mesa de trabajo real, se realiza en audiencias públicas y se vean todos los mecanismos posibles para poder zanjar esta situación”, planteó Vallejo.

Si bien dijo apreciar a la ministra de Obras, Claudia Centurión, remarcó que “los fundamentos deben ser analizados correctamente y no se soluciona esto vendiendo más cara la chipa”, ya que “hay mucha gente que no vende chipa, hay quienes transportan piedra, que viene a trabajar, está el docente y hay muchísima gente, a la que realmente hoy ya le cuesta y esto encarece demasiado la la situación”.

Aumentazo es inconstitucional, dice

La diputada Rocío Vallejo, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja remarcó que la medida, además de impopular es -a su criterio- inconstitucional, ya que debería de hacerse por ley.

La Constitución Nacional en el artículo 179 establece que todos los tributos deben de ser establecidos por ley. ¿Cuáles son los tributos? los impuestos las tasas y las contribuciones. El peaje que es, es una tasa donde debe existir una contraprestación”, sostuvo, teniendo en cuenta que en este caso la medida se dio por resolución del MOPC.

Acotó eso incluso sin entrar a cuestionar si el gobierno ofrece realmente la contraprestación que obliga la constitución, ya que datos expuestos ayer en la Comisión Permanente del Congreso señalan que de lo recaudado en peajes, solo el 7% va a manteniemiento de las Rutas, el resto, presuntamente, al pago de salarios de operadores políticos.

“Veamos bien si realmente esto es justo para los pobladores de la zona y busquemos una solución”, apeló finalmente Vallejo, a la par de insistir con que “una solución inmediata para que hoy el Ejecutivo puede lograr desarticular esta preocupación de 6 localidades, de seis distritos entre Cordillera y Central, es suspender los efectos de la resolución”.

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