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El Senado sancionó el pasado 18 de diciembre el proyecto de ley de la Carrera Civil y la Función Pública, en la última sesión antes del receso parlamentario. Ayer, el Congreso Nacional remitió la normativa a Palacio de López para que el presidente de la República, Santiago Peña, analice y resuelva vetar o promulgar.
A tambor batiente y sin debate, en el Senado aceptaron las bochornosas modificaciones de último minuto, introducidas en la Cámara de Diputados, con el objetivo de evitar que se le corte el “chorro” a asesores, contratados, directores, auxiliares y choferes, con impunidad.
De esta manera, el pleno de la Cámara Alta aprobó la derogación de la Ley 1626/2000, de la Función Pública. Conforme a que se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo, es un hecho que el presidente Santiago Peña no agote los 20 días hábiles que le otorga la Constitución Nacional (artículo 205) para la promulgación.
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Cuestionamientos
La norma sancionada permite que sigan miles de contratados, falsos concursos, nepobabies y cargos de confianza, pero el Ministerio de Economía tendrá el poder de anular los contratos colectivos.
La ley también deroga la carga laboral de 48 horas a la semana, ignorada en la ley vigente con acciones de inconstitucionalidad, y formaliza la carga de solo 40 horas semanales, mientras que en el sector privado se exigen las 48 horas en el mismo lapso.
Con los cambios de Diputados, entre otras cosas, pretenden que no se les corte el “chorro” a asesores y contratados.
Se introdujo la posibilidad de incluir en la categoría de cargos de confianza a “los directores de comisiones y de bancada del Poder Legislativo”.
En la Cámara Alta se testó el posible castigo con pérdida de investidura en caso de violar la ley tanto para la incorporación de funcionarios públicos (permanentes) y empleados públicos (contratados).
También se estableció la posibilidad de puenteo a la ley para contratación de choferes y otros rubros preferidos para ubicar a hurreros de menor monta, mediante la reglamentación que realizará cada institución. Actualmente hay leyes como la que castiga el nepotismo o la Ley “Godoy” (de Racionalización del Gasto Público) que ya impiden por ejemplo ubicar a parientes en cargos públicos, sin embargo, se evade mediante un artículo dentro de la ley de presupuesto anual, lo cual podría seguir haciéndose tranquilamente.
En el debate legislativo, la diputada opositora Rocío Vallejo (Patria Querida) lamentó que una ley que debía ser una de las más importantes, se trate bajo la mesa.
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A las apuradas y sin debate
En su última sesión en diciembre pasado, los diputados cartistas aprobaron la reforma de la Ley de la Función Pública con groseras modificaciones de último minuto para que no se les corte el “chorro” con rubros de asesores, contratados, directores, auxiliares y choferes, con impunidad. Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) acusó al presidente Santiago Peña de impulsar la ley a las apuradas y sin debate en la última sesión del año. Así como ese proyecto, varios otros fueron aprobados a libro cerrado.