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El 7 de enero último, el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Julio César Vera Cáceres, reconoció que avanza una propuesta que presentó una empresa brasileña para alquilar por 20 años y sin licitación alguna un predio de 11.800 metros cuadrados en la zona franca de Paranaguá, Brasil. Se trata de la firma denominada São Luiz, dedicada a la fabricación de fertilizantes y que supuestamente presentó una propuesta de inversión de US$ 35 millones, según detalló.
Lo cierto es que la ANNP de un tiempo a esta parte pasó a convertirse en una especie de “inmobiliaria”, atendiendo que SOLO entre mayo y agosto del año pasado figuran arrendamientos de dos de sus predios bajo similares condiciones: DE FORMA SILENCIOSA, SIN TRÁMITE LICITATORIO Y CON UNA SIMPLE PROPUESTA DE SUPUESTA MILLONARIA INVERSIÓN.
Terminal en Pilar
Uno de los usufructos concretados es sobre una parte de la terminal portuaria en Pilar (Dpto. de Ñeembucú), por un plazo de 20 años. Como beneficiado aparece el Consorcio Logístico del Sur, integrado por las compañías Porvenir del Sur SA y Berlux SA (Atlansur del Uruguay).
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El grupo empresarial está representado por Juan Ignacio Moro y Julio Trovato Villalba, hermano del expresidente del Club Olimpia Marcos Trovato.
El acuerdo vigente desde junio del año pasado habla de una alianza operacional con el fin de inversión, explotación, administración operativa y comercial, operación y prestación de servicios EN EXCLUSIVIDAD por parte del citado consorcio dentro del puerto de Pilar en el área de usufructo.
Para ello, el grupo empresarial podrá llevar a cabo toda clase de operaciones portuarias y logísticas para diversidad de cargas, tales como graneleros sólidos (fertilizantes, minerales, etc.), cereales, oleaginosas, cargas generales, más otros productos y servicios sin limitación.
El acuerdo igualmente establece que en caso de existir necesidad por parte del consorcio de usufructuar más áreas de la terminal portuaria, se podrá ampliar el trato mediante una adenda.
En la propuesta inicial presentada por la beneficiada a la ANNP se mencionaba como canon, un pago fijo de US$ 6.000 en forma mensual a partir del segundo año.
En el primer año SOLO se cita un pago global de no menos de US$ 20.000 correspondiente al canon variable, que surgirá de la diferencia entre la suma anual del canon variable y el monto de pago mínimo (take or pay).
A partir del segundo año ese monto se establece en un mínimo de US$ 40.000, mientras que en el cuarto y quinto año, US$ 60.000.
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Desde el sexto año y hasta la finalización del contrato se estableció el monto mínimo de canon variable de US$ 80.000.
Galpones de la ANNP en Asunción
En agosto del año pasado, la ANNP también concedió la explotación de los viejos galpones portuarios ubicados en Asunción a la empresa Nuevo Mundo Entertainment SA, representada por Rodrigo Luis “Coto” Nogués Bazán, actual presidente del Club Olimpia.
Esta compañía resultó adjudicada pese a que fue la única oferente del concurso publicado en el portal de la DNCP. El periodo de vigencia es igualmente de 20 años por los depósitos A, B, C y G, además de los más de 1.900 estacionamientos de las oficinas de Gobierno asentadas a un costado, por las que el Estado invirtió G. 574.579 millones.
El documento remitido por la ANNP al Senado dice que la base de la oferta económica (canon fijo) quedó en US$ 120.000 anuales por el alquiler de los galpones, más la oferta económica de un porcentaje no menor al 8% sobre la facturación total de la empresa adjudicada (canon variable).
Una puja por los silos en Paranaguá
Actualmente, los silos en el puerto franco de la ANNP en Paranaguá (Brasil) están concesionados al Consorcio Mercosul (Diagro SA de Paraguay y Cimbessul SA del Brasil), cuyo representante es Jaime Zorzetto, confirmó el martes último el titular de la institución, Julio Vera Cáceres. Este grupo consiguió el predio en 2012 por 15 años luego de una Sentencia de un Tribunal de Cuentas, que anulaba resoluciones de la ANNP que adjudicaban a otra firma.
Inicialmente, el compromiso de este consorcio era US$ 450.000 de anticipo y US$ 0,90 por cada tonelada que embarca a través de la cinta transportadora. También aseguró una operación mínima de 1.000 toneladas por año. Es un misterio si se cumplió con todas las promesas.