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Tal como se había adelantado ayer, tras conocerse la condena a 10 años de prisión contra el asesor de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra, “cerebro” del esquema de desfalco de G. 5.105 millones durante la administración del cartista Hugo Javier González al frente de la Gobernación de Central, se inició el sumario que debería concluir con su salida del cargo.
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A diferencia de otros casos, donde suelen ser más leves en el acápite del proceso, en este caso, al haber una condena por parte de la Justicia y orden de prisión, ya se destaca que el sumario es por “faltas graves” y se designó como representantes de la Cámara a las abogadas Shirley González Palau y María José Acosta para que realicen el proceso.
El Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá designar a un juez sumariante, quien tendrá a su cargo adoptar la determinación del cese de funciones del condenado Robles Ibarra.
Con “goce de sueldo”, pero con días contados
La resolución no hace referencia al cese del cobro de su salario de G. 11 millones mediante dure el proceso, que tampoco tiene fecha definida de finiquito. Sin embargo, los próximos 3 días serían claves.
Esto permite que en la práctica, el funcionario en teoría siga percibiendo su salario estando en prisión, sin embargo, también habilita a que se pueda ejercer el despido justificado por ausencia.
Según fuentes consultadas, se evaluó la posibilidad de incluir como medida la suspensión sin goce de sueldo, sin embargo, esto daría pie a los abogados de Robles Ibarra para dilatar una eventual destitución, al no verse obligado a asistir a su lugar de trabajo por dicha suspensión.
En contrapartida, la Ley de la Función Pública establece en su artículo 68 sobre las “faltas graves” y por ende causal de despido: “a) ausencia injustificada por más de tres días continuos o cinco alternos en el mismo trimestre”, o en su defecto, también se puede aplicar el inciso b); " abandono del cargo”.
