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Por un esquema de corrupción que desvió el dinero de los fondos de emergencia con 14 obras, entre noviembre de 2020 y julio de 2021, el ex gobernador de Central Hugo Javier González Alegre fue condenado a 10 años de pena privativa de libertad, como autor de los hechos de lesión de confianza grave y uso de documentos no auténticos.
Bernardo Villalba, abogado del exgobernador de Central, fue consultado sobre las medidas a tomar a partir de ahora y manifestó: “Ahora a esperar. El viernes el Tribunal va a entregarnos una copia íntegra de la sentencia y a partir de ahí articular todo para presentar una nulidad por un lado y una apelación, por otro, dentro de los 10 días hábiles.
Seguido explicó: “Con relación a la lesión de confianza, el elemento constitutivo que integra el hecho punible de manera ineludible es el daño patrimonial. En este caso, la gobernación le transfirió a la CIAP (Centro Integral de Apoyo Profesional), G. 5.105.600.000. Esto está asentado en el libro diario de contabilidad de la CIAP”.
“Los cheques fueron cobrados en ventanilla por el tesorero y por el síndico de la CIAP. Eso está probado porque ellos tuvieron que endosar los cheques, retiraron el dinero y forma parte de la contabilidad de la CIAP. A partir de ahí, los peritos dicen que no pueden rastrear muchísimo el dinero porque los constructores no depositaron en sus respectivas cuentas el monto total”, sostuvo el abogado.
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Se pagó lo que valen las obras, afirman
“Las obras que se tenían que construir con ese dinero, se constató que se realizaron. Eran 14 obras y las 14 fueron concluidas y las obras valen lo que se dice que se pagó. En algunos casos hay cuestionamientos de la Contraloría, que dice que no pude verificar la parte que no se ve, como la cimentación o lo que está debajo del asfaltado”, señaló Bernardo Villalba.
Luego apuntó: “La pericia hecha por la Fiscalía constató las 14 obras realizadas y la sumatoria de las facturas legales expedidas por contratistas y constructores, dan exacto la suma de G. 5.105.600.000″.
“Si se transfirió G. 5.105.600.000 para obras y hay obras que se corresponden por G. 5.105.600.000, entonces, el elemento del daño patrimonial no existe. Ese es un vacío que tiene esta sentencia, que tuvo un discurso político bastante fuerte por parte de la presidenta del Tribunal, el daño no existe”, manifiesto.
En otro momento, el defensor cuestionó: “Las emociones del Tribunal no pueden formar parte de la sentencia. Este es un Tribunal especializado y dice: ‘¿Cuántas camas de terapia intensiva se pudo comprar? ¿Cuántas personas pudieron tener medicamento?‘. Este dinero no se podía usar para comprar camas ni medicamentos ni asistencia a enfermos. Esto era para obras”.
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Su defendido fue remitido esta mañana a la cárcel de Tacumbú y sobre esta situación explicó. “En el caso de Hugo Javier González, él tiene purgada la pena mínima con su arresto domiciliario. Él es condenado por dos hechos punibles; lesión de confianza y el de uso de documentos no auténticos. En ambos casos, la pena mínima, por el artículo 38 del código penal, es de seis meses”.
“Él lleva casi tres años de arresto domiciliario, ya tiene compurgada la pena mínima y esta sentencia ni por asomo está firme”, finalizó.