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Robles, que había sido nombrado en marzo de 2013 como “asesor” en Diputados de la mano de su “padrino político”, el exlegislador cartista –también condenado en otra causa por corrupción–, Víctor Bogado, presentó su única declaración jurada hasta ahora en septiembre de 2018.
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En cinco años en el cargo de asesor, con un salario mensual de G. 11 millones –y sin contar otros beneficios–, apenas afirmaba tener un automóvil marca Haima, valuado en G. 160.000.000. Fuera de eso, no reportó poseer inmuebles ni ningún otro activo de consideración, sumando un patrimonio neto de apenas G. 138.157.000.
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Y si bien hasta ahora no presentó otras declaraciones juradas, pese a que debió haberlo hecho cuando fue comisionado a la Gobernación de Central, donde ocupó el cargo de encargado de Gabinete de Hugo Javier, hay señales objetivas de que su fortuna creció aceleradamente desde que se instaló en la Gobernación.
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Investigaciones de ABC encontraron que apenas un año después, en 2019, Robles Ibarra había adquirido un quinta ubicada en la compañía Isla Guavirá de Nueva Italia.
Sin embargo, el dato más escandaloso en ese momento fue que la Gobernación de Central, a cargo en ese entonces del ahora condenado Hugo Javier, había invertido G. 250 millones para la supuesta construcción de un invernadero a favor del Centro Agronómico Departamental de Nueva Italia, el cual nunca existió.
Al menos no en el sitio donde se había dicho, puesto que la construcción habría aparecido en la citada quinta de Robles.
Si bien el Tribunal que condenó a 10 años de prisión al Nº 2 y a Robles no especificó un monto, sí confirmó que fue este último el que se habría quedado con la mayor parte de los G. 5.105 millones robados de los fondos covid-19.