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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, mediante resolución N° 4218/24, del 19 de diciembre de 2024, abrió una nueva investigación contra la empresa unipersonal Astelev, de Simón Recalde. Esta vez es por un contrato por G. 240 millones con el Ministerio del Interior para el mantenimiento y reparación de elevadores.
El ente rector de compras públicas dio apertura a la pesquisa luego de la recepción de una denuncia contra la citada compañía por el uso de certificados de capacitaciones técnicas supuestamente falsos para cumplir requisitos de una licitación. Se trata del llamado identificado con el ID 451704, cuyo acuerdo contractual se firmó el 23 de octubre de 2024, entre el ministro Enrique Riera y Simón Recalde, según los documentos publicados.
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La denuncia señala que “este llamado fue adjudicado a la firma Simón Recalde Romero (Astelev). Sin embargo, existen pruebas que dan lugar a suponer que la firma adjudicada habría presentado documentaciones falsas, las cuales fueron consideradas por el comité de evaluación a la hora de emitir su recomendación de adjudicación” (sic).
Una de las documentaciones presentadas por la mencionada empresa para acreditar la capacidad técnica es un certificado supuestamente firmado por Luis Ángel Nores Peña en nombre de la firma GATWICK (de origen peruano) por el que se certifica que Bernardo Aguiar ha culminado un curso de instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos multimarcas.
También están un certificado supuestamente firmado por Luis Ángel Nores Peña en nombre de la firma GATWICK (de origen peruano) por el que se certifica que Milciades Gaona ha culminado un curso de reparaciones preventivas de elevadores verticales correspondientes a los marcos Atlas, Otis, Schindler, Orona, Thyssenkrupp y otro certificado supuestamente firmado por Luis Ángel Nores Peña en nombre de la firma GATWICK (de origen peruano) por el que se certifica que Milciades Gaona ha culminado un curso de seguridad eléctrica laboral.
“Este denunciante tuvo acceso a nota firmada por Luis Ángel Nores Peña en nombre de GATWICK, a través de la cual esta persona desconoce sus firmas en estas documentaciones, niega que dichos sellos le correspondan y comunica su intención de iniciar acciones penales en su nombre y el de la firma GATWICK” (sic), dice la denuncia que se transcribe en la disposición de la DNCP.
La funcionaria designada para la investigación es María Paz Espinoza.
Los famosos certificados
Efectivamente, Nores Peña, en representación de la empresa peruana GW Perú SAC, presentó el 21 de noviembre del año pasado una denuncia contra la empresa Astelev, de Simón Recalde. Fue ante la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Congreso Nacional, cuyo presidente es el cartista Basilio “Bachi” Núñez, debido a que la citada compañía habría utilizado documentos con logotipo y nombre de la empresa internacional para certificar cursos técnicos y especializados en cuanto a seguridad eléctrica y reparaciones preventivas de elevaciones verticales de ascensores de marcas específicas.
“Supuestamente la empresa gerenciada a mi cargo, y mi persona, proporcionan las certificaciones de los mencionados CURSOS a personas puntuales, y en donde aparecen GARABATOS en dichos Certificados, pretendiendo graficar mi firma particular, con un sello apócrifo, el cual está estampado en los pretendidos CERTIFICADOS presentados en el concurso licitatorio” (sic).
Astelev entregó copias autenticadas por escribanía de tres diplomas, por la supuesta especialización a cargo de Gatwick Ascensores.
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Astelev, de Simón Recalde, aparece como proveedor del Estado desde 2019. No obstante, su mayor contrato, superando los G. 2.570 millones, obtuvo recién el año pasado con el Congreso Nacional, coincidentemente con la llegada a la presidencia del cartista Basilio “Bachi” Núñez.
El acuerdo con el Parlamento se firmó el 2 de octubre de 2024. Figura como concepto principal la provisión, instalación y puesta en marcha de ascensores.
El plazo del contrato es de 24 meses y se estableció el cobro de un anticipo del 20%, es decir G. 514 millones, dividido en dos pagos, de G. 58 millones y G. 455 millones, que fueron desembolsados el 20 de noviembre pasado.
Lo llamativo es que el pago también se hizo en medio de una protesta presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) contra la adjudicación de este contrato. La impugnación ingresó el 4 de noviembre de 2024 y era con relación a la falta de consignación de ítems en la planilla de precios, en el cuadro comparativo de ofertas y sobre el certificado de eficiencia energética.
Una decisión bastante sospechosa es que luego de la protesta, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Congreso, Julio Medina, firmó una declaración jurada mediante la cual asumía la responsabilidad de continuar con el proceso y pedía autorización para el código de contratación.
Es decir, existió un sospechoso apuro para seguir con el proceso y pagar a la empresa. Lo cierto es que la DNCP el 2 de diciembre de 2024 dio por concluida la investigación con relación a esos puntos.
Ahora está bajo pesquisa el uso de certificados presuntamente falsos para ganar la licitación.