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El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, firmó el 2 de octubre de 2024 un contrato por G. 2.570 millones, con la empresa unipersonal Astelev, de Simón Recalde. Es para la provisión, instalación y puesta en marcha de ascensores en sede del Poder Legislativo.
El acuerdo, sin embargo, está plagado de supuestas irregularidades que obligaron a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, a abrir una investigación el 6 de diciembre último tras la recepción de una denuncia de supuesta falsificación. La apertura de la pesquisa también se dio luego de que ABC hiciera público el reclamo de la empresa peruana GW Perú SAC Gatwick Ascensores.
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A través de la resolución de la DNCP N° 3986/24 se designó a la funcionaria Ariadna Dos Santos para sustanciar el procedimiento. Los registros detallan que la investigación está en pleno avance con la notificación al Congreso Nacional y la empresa Astelev.
El historial muestra que el 16 de diciembre de 2024 se registraron los últimos eventos de esta investigación. En esa fecha se recepcionaron las contestaciones tanto de la empresa privada como del Parlamento.
Certificados “truchos”
Luis Nores, representante de la empresa GW Perú SAC, presentó el 21 de noviembre del año pasado una denuncia contra la empresa Astelev, de Simón Recalde. Esta última firma, de acuerdo al relato, habría utilizado documentos con logotipo y nombre de la compañía internacional para certificar cursos técnicos y especializados en cuanto a seguridad eléctrica y reparaciones preventivas de elevaciones verticales de ascensores de marcas específicas.
“Supuestamente la empresa gerenciada a mi cargo, y mi persona, proporcionan las certificaciones de los mencionados CURSOS a personas puntuales, y en donde aparecen GARABATOS en dichos Certificados, pretendiendo graficar mi firma particular, con un sello apócrifo, el cual está estampado en los pretendidos CERTIFICADOS presentados en el concurso licitatorio” (sic).
Nores hacía referencia a tres certificados presentados por Astelev. Esta empresa entregó copias autenticadas por escribanía de tres diplomas de dos de sus empleados, por la supuesta especialización a cargo de GW Perú SAC Gatwick Ascensores.
Uno de los certificados tiene fecha 23 de mayo de 2016, otro 31 de octubre de 2018 y un tercero el 25 de mayo de 2021.
Las certificaciones se presentaron para aparentemente cumplir con la capacidad técnica de la licitación: el oferente deberá contar con al menos dos técnicos especializados en instalación, montaje y programación de ascensores.
Al respecto, el responsable de Gatwick dice: “Desde ya manifiesto enfáticamente que DESCONOZCO DICHAS FIRMAS que obran en esos CERTIFICADOS que acompañaron documentalmente a la empresa adjudicada y adjuntada por ella misma...”.
El encargado de la UOC del Congreso, Julio Medina, cuando fue consultado sobre la denuncia solo se limitó a responder: “Estamos investigando el tema”.
Ya embolsó G. 514 millones
La empresa unipersonal Astelev, de Simón Recalde, cuyo contrato con el Congreso es ahora investigado, ya cobró G. 514 millones de los G. 2.570 millones. Este desembolso tuvo lugar el 20 de noviembre último, un día antes de la presentación de la denuncia contra la citada compañía. Sugestivamente, el pago por parte del Parlamento también se realizó en medio de una protesta que aún no estaba resuelta ante la DNCP.
Minimizó denuncia y habló de un rechazo
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, cuando en diciembre pasado salió a luz este escándalo sobre el contrato para la provisión e instalación de ascensores en el Parlamento, intentó minimizar el hecho y respondió con ironía que no se busque más en la papelera este tipo de denuncias. Entonces, afirmó que se había comunicado con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y que desde esa institución supuestamente le informaron que la protesta por la supuesta falsificación de documentos había sido rechazada “in límine”.
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Sin embargo, la institución de compras públicas lo que rechazó fueron aspectos que tienen que ver sobre la forma de presentación de las propuestas, como falta de datos en las planillas de precios y cuadro comparativo de ofertas. Eran supuestos incumplimientos del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
Finalmente, para Bachi los funcionarios a su cargo no son peritos ni tienen la obligación de determinar si los documentos son falsos o no.