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El pasado 11 de diciembre, el fiscal Silvio Corbeta acusó a 14 personas por formar parte de una estructura criminal al servicio del diputado Esteban Samaniego y su esposa, Patricia Corvalán, quienes se habrían beneficiado del desvío de fondos públicos provenientes de la Municipalidad de Quyqyhó, durante la gestión del ahora diputado.
La acusación se sostiene principalmente sobre un inmueble con Cuenta Catastral N° 12-0266-04 y ubicado sobre la calle Padre Casanello 1677 del barrio San Vicente de Asunción.
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Sin embargo, el inmueble con la cuenta catastral N° 12-0266-05, ubicado al lado del investigado, también sería parte del esquema.
La madre del diputado, según datos del Catastro, comparte la titularidad con Andrés Alfredo Arrúa Brítez, calificado como amigo íntimo del diputado Samaniego por la Fiscalía. El registro se hizo en 2013 por medio de un contrato de compra-venta. Ambos figuran entre los principales acusados en la causa fiscal.
Estos terrenos tuvieron cambios significativos desde que Samaniego asumió el cargo de intendente.
Conforme a imágenes de Google Maps, en 2013 se construyó una piscina en el fondo de la propiedad, que figura en Catastro a nombre de la madre y el socio.
Este segundo lote, sospechosamente omitido en la acusación fiscal, podría añadir una nueva dimensión a la trama de corrupción del esquema Samaniego-Corvalán.
Los datos de Catastro revelan que la propiedad bajo propiedad del socio y la madre, cuenta con una extensión de 500 m2 y con 353,20 m2 edificados.
Entre el 2017 y 2019, las reformas continuaron principalmente en el inmueble señalado en la acusación fiscal.
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Cada terreno adquirido durante el periodo de gestión de Samaniego, estaría valuado cerca de los US$ 113.000, según expertos inmobiliarios.
Considerando el precio de mercado y las construcciones, el valor de ambas propiedades señaladas superaría los US$ 450.000.
Madre de Samaniego: pieza clave en el esquema
Blanca Álvarez, aparece como titular en esta propiedad, así como en la señalada por la acusación fiscal. Corbeta la acusa de ser cómplice en el delito de “Administración en Provecho Propio” y de Lavado de dinero. Su rol habría sido crucial en la operación de lavado, permitiendo que su hijo y nuera utilizaran su propiedad para construir una vivienda con fondos presuntamente desviados de la municipalidad, por un valor de G. 1.108.599.918.
También ocultaron terreno a la CGR
Una revisión de las declaraciones juradas de bienes y rentas (DJBR) presentadas por Andrés Arrúa Brítez y Blanca Álvarez ante la Contraloría General de la República (CGR) evidencia que ocultaron la propiedad.
El considerado “amigo íntimo” de Samaniego por la Fiscalía, realizó su declaración en 2018, cuando fue nombrado asistente técnico en la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).
En dicha declaración, Arrúa afirmó contar únicamente con una propiedad adquirida en 2009 a través de una herencia familiar, identificada con la cuenta catastral 12-0790-07 y valuada en 1.350 millones de guaraníes.
Por su parte, Álvarez, quien fue funcionaria del TSJE comisionada a la ANR, omitió declarar el inmueble en sus DJBR de 2013, 2015 y 2020.
Esta nueva propiedad, ubicada en el mismo barrio donde se encuentra la vivienda de la familia Samaniego, nunca fue incluida en las declaraciones.
Arrúa fue el representante legal de BH Services SRL, la empresa que recibió 53% del presupuesto total de la Municipalidad de Quyquyhó entre los años 2013 y 2017, equivalente a G. 3.231.368.398.
BH Services SRL, además, habría intervenido en la construcción de la vivienda del diputado, pagando G. 563.016.918.
Ayer intentamos contactar con ambos. Arrúa no respondió a las llamadas ni mensajes en su línea con terminación 755.
El número de Blanca Álvarez, con terminación 600, se encontraba apagado.
Antecedentes y vínculos
En enero del 2023, el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR-HC) culpó a Arrúa Brítez por el extravío de tres talonarios de cheques y posterior vaciamiento de las cuentas municipales.
Arrúa Brítez es hijo de Andrés Isabelino Arrúa Rodríguez, quien fue designado como Director Titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en septiembre de 2023, tras la asunción de Santiago Peña.
Andrés Isabelino también estuvo investigado por la Fiscalía ya que formó parte de BH Services SRL. Sin embargo, la acusación indicó que no se demostró su participación en las presuntas acciones ilícitas.