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El esquema operaba mediante la emisión de cheques municipales provenientes de cuentas de royalties, de juegos de azar y de recursos propios de la institución. Esos cheques fueron cobrados por familiares, funcionarios y terceros de confianza de Samaniego, quienes sabían que los fondos serían destinados a beneficios personales del intendente y su entorno.
Las investigaciones muestran que el dinero público era redirigido a través de un complejo esquema de intermediarios, que incluía empresas de maletín.
Familiares, clave en el esquema
Entre los principales actores del esquema se encuentran varios familiares de Samaniego, quienes tuvieron un rol crucial en el cobro de los documentos bancarios y la malversación de fondos:
Patricia Corvalán, esposa de Samaniego y actual intendenta de Quyquyhó, entre el 2011 y 2016 cobró cheques por 117,5 millones de guaraníes, fondos que debieron financiar infraestructura educativa.
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Por su parte, Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, madre del diputado colorado, fue beneficiada con la construcción de una vivienda en su propiedad mediante el esquema, y retiró 20 millones de guaraníes en una ocasión.
Otro familiar, Damián de Jesús Galarza, cuñado de Samaniego, retiró 40 millones de guaraníes de las cuentas municipales.
Cristhian Daniel Domínguez, guardaespaldas del parlamentario, desvió 93,5 millones de guaraníes en siete cheques emitidos por el municipio.
El total cobrado por los familiares y el guardaespaldas del diputado Samaniego alcanza una suma millonaria: G 338.595.000.
La vivienda de lujo como evidencia del desfalco
Una de las evidencias más notorias del mecanismo empleado fue la construcción de una lujosa vivienda de dos plantas en el barrio San Vicente de Asunción. La obra, realizada en un terreno que está a nombre de Blanca Álvarez, tuvo un costo total de 1.108.599.918 guaraníes, financiados con fondos desviados del municipio.
La arquitecta Viviana Vargas, encargada de la construcción, declaró que recibió los pagos a través de cheques y en efectivo, emitidos por las empresas BH Services SRL y CX Construcciones. Vargas también afirmó que las reuniones previas al inicio de la obra se llevaron a cabo en la residencia del matrimonio Samaniego-Corvalán, confirmando su implicación directa en el proyecto. La vivienda nunca fue declarada ante la Contraloría General de la República.
El rol de Samaniego: control absoluto del esquema
Como intendente, Esteban Samaniego tenía el control absoluto de los fondos municipales y era el responsable de decidir qué empresas serían contratadas y quiénes recibirían los pagos. Según los informes de la Fiscalía, se autoasignó 67,5 millones de guaraníes, desviados directamente desde las cuentas municipales, consolidando su papel como principal beneficiario del esquema.
A pesar de las pruebas presentadas, el diputado continúa protegido por sus fueros parlamentarios y la complicidad cartista, lo que ha bloqueado cualquier intento de avanzar en un proceso judicial en su contra.
Entre el viernes y ayer, domingo, ABC intentó obtener la versión del diputado Samaniego, pero no hubo retorno a través de su número con terminación 742.
Funcionarios operaban para el desvío
Uno de los pilares del esquema fue el uso de empresas de maletín para desviar fondos bajo la fachada de contrataciones públicas. Entre las más beneficiadas se encuentra BH Services SRL, dirigida por Andrés Arrúa Brítez, amigo íntimo y socio de Samaniego. Esta compañía recibió más del 53% del presupuesto municipal entre 2013 y 2017, acumulando un total de 3.231 millones de guaraníes.
Otras empresas como Legión de Servicios SA, JOB Construcciones, JA Construcciones, y Soluciones Empresariales, también fueron parte del entramado, adjudicándose contratos por montos considerables: G. 274.217.497, G. 535.874.400, G. 595.460.962, y G. 144.270.000 respectivamente.
Además del núcleo familiar de Samaniego, la red de corrupción incluyó a funcionarios municipales clave, como: Manuel Olazar Duarte, director de Finanzas, quien facilitó la emisión de cheques y su posterior cobro por parte de los implicados. Olazar, quien también fue tesorero y miembro de varios comités de evaluación, llegó a efectivizar G. 909.942.000.
Otra pieza clave fue Enrique Javier Lovera Lezcano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), encargado de simular licitaciones y aprobar contrataciones a las empresas de maletín. Lovera llegó a cobrar cheques por G. 956.852.529.
Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, exconcejal y exintendente interino, junto con otros intermediarios, cobraron G. 215.310.000 en cheques a nombre de empresas fachada o personas ficticias, actuando como enlaces clave para encubrir las irregularidades. Además, personas como Damián de Jesús Galarza (cuñado de Samaniego) y Oscar Samuel Fanego Otazú, este último como representante de varias empresas, también cobraron cheques de las cuentas municipales.
Estas firmas, en complicidad con funcionarios municipales, simulaban la realización de obras y servicios inexistentes para justificar los pagos. La Fiscalía destacó que la mayoría de las obras nunca se ejecutaron.