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En el acto de promulgación de la Ley que establece mayores penas a los abusadores infantiles, el presidente Santiago Peña utilizó un momento de su discurso para felicitar a la senadora colorada Lizarella Valiente, esto bajo el argumento que la colorada solamente se habría involucrado en política para impulsar medidas similares.
“Probablemente, seré muy injusto en mencionar a una persona, pero a mí me consta que esta ley es una de las principales, si no es la única razón, por la cual se decidió en política y ser hoy senadora de la nación; la senadora Lizarella Valiente. Hablamos tanto de esto en campaña, de la protección de los niños y al aprobar esta ley, Lizarella, quiero reconocerte por tu trabajo incansable en la defensa de los niños y las niñas”, mencionó.
Para estas felicitaciones aparentemente el mandatario no consideró los cuestionamientos y polémicas que había pasado la esposa del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en el Congreso Nacional, como por ejemplo haber citado la “hormonización y la castración de los niños” en el marco de la transformación educativa y otros casos similares.
La cartista también en su momento había presentado un proyecto de Ley “por el cual se prohíbe la promoción, fomento o enseñanza de la ideología de género en las instituciones educativas del país”, algo que había tomado como una “bandera” que la ayudó a conseguir apoyo de los grupos que se denominan “provida y profamilia”.
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Aumento de penas carcelarias para abusadores
En cuanto a las modificaciones realizadas al art. 135 del Código Penal, en donde se habla del abuso sexual en niños, se estableció entre 5 y 30 años las penas carcelarias para los abusadores de niños y adolescentes, según la gravedad de cada caso.
Se trata de la modalidad más grave de agresión, cuando el abuso sexual es realizado mediando coito y cuando la víctima es una persona menor de 10 años de edad. Para estos casos, el marco penal mínimo es de 15 y 20 años, respectivamente, con lo cual en ambos supuestos, la pena podría extenderse hasta 30 años, dependiendo de la apreciación jurídica del caso que realice el Tribunal.