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Desde que se desató la crisis entre la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos de América y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por el anuncio unilateral del ministro Jalil Rachid de cesar la cooperación en el marco del programa de Unidad de Información Sensible (SIU), los intentos de justificación del zar antidrogas local no hicieron más que embarrarlo y aumentar las sospechas sobre el trasfondo real de esta “decisión política”.
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La primera contradicción se da entre sus dos notas remitidas a los representantes de la DEA, ya que la inicial, donde se anunciaba el quiebre –datada el 6 de diciembre–, alegaba como motivo de divorcio la supuesta intención de “redistribución de personal operativo” y fortalecer otras áreas, postura que cambió sustancial y radicalmente para el 17 de diciembre pasado.
“Por la presente (nota) venimos a informar la culminación de la participación de la Senad, en dicho programa (SIU). La decisión institucional de finalizar con dicho programa responde a la necesidad de optimizar la redistribución del personal operativo y fortalecer otras áreas operativas”, señala la primera nota.
Sin embargo, el 17 de diciembre, luego de que se filtrara el primer pedido y se desatara un escándalo, Rachid pide dejar sin efecto el divorcio con la DEA, alegando haber desconocido la vigencia de un convenio suscrito en 2022 (Gobierno de Mario Abdo Benítez).
“A partir de la ratificación plena del convenio vigente del 2022 solicitamos mantener una mesa de diálogo para seguir potenciando la cooperación a fin de maximizar los resultados en la lucha contra el tráfico internacional de drogas y delitos conexos”, señala parte de la segunda nota.
Se resalta en ella la “ratificación plena” del convenio. Ya posteriormente, en sendas entrevistas, su postura vuelve a cambiar, ya que volvió a desconocer su existencia formal.
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Puntualmente, en una entrevista dada el 23 de diciembre pasado, Rachid sostuvo: “No existe ese memorándum, o sea, no existe la resolución que haya perfeccionado este acto (de acuerdo del 2022), y no existe porque no pasó directamente por los trámites legales de Cancillería”.
En tres momentos distintos, la motivaciones expresadas por Rachid para buscar el quiebre con la de DEA cambiaron repentinamente: primero era para “redistribuir personal”, luego quiso volver alegando desconocer la existencia de un acuerdo, cuya vigencia plena suscribió, para finalmente decir que dicho acuerdo no cumple la formalidad legal y que no tendría vigencia.
A todo esto hay que sumar que a regañadientes, Rachid tuvo que tragar sapos y acompañar la “reculada” del gobierno, aunque siguió tirando dardos contra la cooperación, diciendo que a su criterio hay cuestiones que “corregir”.
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Sin embargo, en víspera de Navidad se mostró jactándose del logro del desmantelamiento de un complejo de producción de marihuana de Canindeyú, operativo que se realizó con ayuda de SIU, y por ende de la DEA, que al menos hasta ahora, sigue en proceso de retiro de nuestro país.
Esto debido a que pese a la serie de conferencias de prensa y la nota remitida el 17 de diciembre por Rachid, retractándose del pedido de cese de la cooperación, la última palabra hasta ahora de la DEA fue realizar el proceso de retiro programado, que debería culminar el 5 de marzo del año próximo.
Además de la ayuda técnica, lo más grave -en el caso de concretarse la salida del país de la DEA- es el retiro del equipamiento y apoyo tecnológico y financiero de los Estados Unidos para el combate al narcotráfico y delitos conexos, de carácter transnacional.
Alertan plan de “espionaje”
De momento, uno de los pocos que ha advertido de un posible plan detrás de esta crisis por parte del Gobierno de Santiago Peña fue el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, que advirtió acerca de un posible plan de espionaje a políticos rivales.
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“Si se le solicita a la DEA que se retire, se tendría el control de las escuchas en todos los ámbitos, incluido el político”, advirtió Espínola días atrás.
Actualmente, la DEA, al ser dueña de los equipos usados en nuestro país, es parte del control del uso en el marco de causas puntuales.
¿Molesta atornillamiento o el polígrafo?
Otro hecho contradictorio resaltante de las expresiones del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, es que alegó como motivo de su molestia la supuesta pérdida de “soberanía” de nuestro país para gestionar a los agentes antidrogas, acusando puntualmente que estos podrían “perpetuarse” en la Unidad de Información Sensible (SIU), siendo que realmente el convenio establece evaluaciones estrictas anuales, incluido pasar por el polígrafo.
Cuando se le consultó sobre qué cuestiones de “soberanía” eran las que molestaban, dijo que “hay muchas cosas”, pero solo alcanzó a citar una.
“Hay cuestiones sobre el manejo del personal donde no estoy de acuerdo, la permanencia de un agente especial dentro de SIU puede llegar a ser perpetua, porque el periodo mínimo es de 3 años, después eso pasa a 5 años y luego decía algo así como ‘dependiendo de lo que aprueben los líderes de la DEA’, o sea, hay términos que se tienen que corregir”, sostuvo Rachid.
El mismo se refirió a la Sección 4: Personal de la SIU del acuerdo de 2022, donde únicamente se establece que “para proveer estabilidad al Programa SIU”, los miembros tendrán un “periodo mínimo de asignación de tres años”, y que pasado ese tiempo “el Participante Paraguayo (Senad) puede reasignar a su personal a discreción”.
El documento acota que “el periodo de asignación máxima es de 5 años, a no ser que se apruebe más por los líderes de la DEA”, lo cual no implica un “atornillamiento”, sino que en el caso de requerirse esa extensión, se hará de manera consulta con los EE.UU.
Otra parte que no mencionó Rachid es que el mismo acuerdo habla que tanto para ingresar, como una vez dentro, cada año el personal de SIU es sometido a controles de integridad, lo que dificulta la “perpetuidad” referida.
Cada un año, los agentes de SIU deben someterse a un análisis de sus antecedentes, prueba de drogas, y lo más importante, “prueba de polígrafo, no excediendo 36 meses entre pruebas, o en base a pedidos de la DEA o los Participantes Paraguayos”.