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El reciente caso abierto por presunta estafa y otros contra el exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, es solo uno más de los tantos casos graves que salpicaron a funcionarios de la Cámara Baja, actualmente administrada por el diputado cartista Raúl Latorre.
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El caso de Bogarín Campuzano causó mucho revuelo, puesto que según la Fiscalía, formó parte de un red de estafa a colonos del departamento de San Pedro, a quienes habrían esquilmado unos US$ 1,6 millones supuestamente con la promesa de adjudicarlos con propiedades, sumado al hecho de que ostentaba uno de los más altos cargos en la institución, con el millonario salario que este implicaba.
Pese a las sospechas contra Willian Bogarín, solo fue apartado del cargo de director, pero sigue siendo funcionario de la Cámara Baja.
En dicho caso hay una diferencia con otro caso sumamente bochornoso, el de la ahora exfuncionaria de la Cámara Baja Anadelia Acosta Armoa, que se vio obligada a renunciar tras ser procesada por presunta apropiación de una millonaria indemnización que debía ser entregada a dos humildes familias en Caaguazú.
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Acosta Armoa intentó por todos los medios aferrarse al cargo en Cámara Baja, incluso apelando al usufructo de sus vacaciones, pero al ser denegado el pedido y no acudir a su lugar de trabajo, terminó renunciando.
Según la Fiscalía, de los G. 800 millones otorgados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a las modestas familias que perdieron a parientes, Acosta Armoa y otros habrían intentando quedarse con G. 725 millones.
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Por su parte, hay otros casos aun más graves, como el del exfuncionario y supuesto guardaespaldas del diputado cartista Leonardo Saiz, Juan Alberto Domínguez Paredes, señalado como presunto asesino de Lulio Ramírez Rodríguez, ocurrido en marzo de este año.
El funcionario fue inmediatamente descontratado luego de darse a la fuga tras el crimen.
Otro caso penal grave es el hermano del diputado cartista Benjamín Cantero y ahora exfuncionario de Diputados, Alcides Cantero Ramírez, que fue detenido en Bolivia por trasportar químicos precursores para el procesamiento de droga.
El exfuncionario estuvo contratado en la Cámara Baja como “chofer” de su hermano, hasta que según el legislador, Alcides simplemente dejó de asistir y le perdieron el rastro, lavándose así las manos.
También formó parte del plantel de Diputados –a pedido del diputado Jatar Fernández– el agente antidrogas Mauro Ruiz Díaz, quien está sospechado –pero no señalado formalmente por la Fiscalía– de posiblemente filtrar datos a presuntos narcos.
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Están además los presuntos “nepobabies” de legisladores procesados, como ser el caso del hijo de la diputada Roya Torres (PLRA), Elías Godoy Torres que ya fue salvado de ir a juicio, y las hijas de Cleto Giménez (PLRA), Danna Maricela y Johanna Denisse, todos investigados por presunto “planillerismo”.
Legisladores son “intocables”
En la lista se omiten las sospechas contra el diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, ya que tras su fallecimiento en un operativo policial se extinguió toda eventual investigación en su contra.
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Sin embargo, sí están imputados pero con procesos judiciales frenados gracias al blindaje de sus fueros -que les son mantenidos con respaldo del pleno- el diputado cartista Esteban Samaniego y los liberales Cleto Giménez y Roya Torres.