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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado paraguayo por el reclutamiento ilegal de dos menores de 18 años, que murieron por los abusos cometidos cuando realizaban el Servicio Militar Obligatorio y por lo cual en el 2009 el país tuvo que pedir disculpas públicas y dar una reparación a los familiares de las víctimas.
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Fue por la muerte de Víctor Hugo Maciel Alcaraz, quien fue reclutado ilegalmente cuando tenía 15 años y murió el 2 de octubre de 1995 debido a una sobrecarga de ejercicios físicos en el Cuartel General del Comando de la Primera División de Caballería, y de Gerardo Vargas Areco, de 15 años, fallecido el 30 de diciembre de 1989, tras su reclutamiento forzado en el Regimiento de la División de Infantería del II Cuerpo de Ejército.
En tanto que, en el 2001 Amnistía Internacional sacó un nefasto informe asegurando que en “Paraguay es habitual someter a malos tratos a niños de solo 12 años reclutados ilegalmente en las fuerzas armadas”, tras la trágica muerte de Pedro Antonio Centurión, argentino de 14 años quien murió por heridas de arma de fuego el 12 de septiembre del 2000 en un cuartel paraguayo.
Pese a todos estos nefastos antecedentes, en la Cámara de Senadores se presentó un controvertido proyecto de ley que busca convertir los cuarteles en una especie de “hogar militar” para capacitar y “fomentar valores” en los jóvenes.
El proyecto de ley, que modifica los artículos 3° de la Ley 569/75, 1° de la Ley N° 3485/08 Y 2° de la Ley 3360/07, fue presentado por un grupo de senadores colorados que pretenden cambiar tres artículos de las normas que regulan el Servicio Militar Obligatorio, por una parte y el de formación de oficiales de reserva (CIMEFOR).
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Específicamente, se propone que la edad para hacer el servicio militar, excepcionalmente, sea de 16 años, en caso de que los padres o tutores legales lo consideren adecuado.
Los senadores proyectistas
El discutible proyecto de ley tiene como autor principal al senador Arnaldo Samaniego (ANR, independiente). Está además firmado por los senadores de la disidencia Luis Pettengill, Juan Afara, Óscar Salomón y los cartistas Natalicio Chase, Mario Varela y Pedro “Pipo” Díaz Verón, quienes quieren convertir los cuarteles en una especie de “hogar militar”.
Según la exposición de motivos, la ley “permitirá contribuir a la formación de los jóvenes, fomentando la instrucción, no solamente militar, sino también en labores o competencias técnicas y, fundamentalmente, en los aspectos valorativos de responsabilidad, respeto e integridad”.
Se argumenta también en el proyecto de ley “el aumento considerable y sostenido de antivalores que afectan a los jóvenes, producto de un sistema en el que la autoridad de la familia y las instituciones se encuentra atacada desde un mal entendido concepto de libertad e igualdad”.
Reculada con “servicio sustitutivo”
Durante este año también se intentó “apretar” donde más duele: en el bolsillo, a los que no hayan cumplido con el Servicio Militar Obligatorio (SMO), planteando una modificación a la Ley Nº 4013 que “reglamenta el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio”. El plan finalmente quedó archivado.
La iniciativa de plantear modificaciones fue de la Defensoría del Pueblo, pero recogida por los diputados liberales Carlos María López, Cleto Giménez y Del Pilar Vázquez, aunque finalmente, a finales de octubre pasado terminaron retirando el proyecto.
Si bien actualmente la Ley Nº 4013 ya establece que quienes no realicen el SMO deberán pagar una canon o realizar “servicio civil sustitutivo”, la propuesta de reforma fue sumamente cuestionada porque también planteaba un alto costo para eximirse.
La iniciativa ahora archivada planteaba el cobro de cinco jornales mínimos (equivalente a G. 538.135 en la actualidad) para quienes no quisieran o no pudieran realizar el SMO o bien el servicio sustitutivo.
Otro problema de la iniciativa es que la ley no tiene ninguna contemplación con jóvenes que apenas culminan el colegio, deben dedicarse a pleno a sus estudios terciarios en carreras totalmente demandantes (como medicina e ingeniería, entre otras).
Si bien se incluye una excepción por ser “sostén de familia” o por declararse “insolvente”, se exigía un trámite engorroso a jóvenes que por ejemplo debían demostrar que con su trabajo eran los encargados de mantener a su núcleo familiar.
Todo esto hizo que la iniciativa tuviera un fuerte tufo meramente recaudador, pese a que desde la Defensoría -actualmente a cargo de Rafael Ávila- alegaban que la intención era “fomentar” el servicio civil, y no principalmente recaudar.
Otro hecho controversial en torno al servicio sustitutivo es que el Estado establece un pago para los que realicen el SMO, no así a los que hagan servicio sustitutivo, siendo que la Constitución ni ninguna ley permiten suponer la gratuidad de un servicio o labor.
No es la primera vez que se intenta “apretar” con el cobro a los objetores de conciencia. En 2022, el entonces Defensor del Pueblo, Miguel Godoy, fue denunciado penalmente por el delito de exacción (cobro indebido de impuestos, multas, deudas) por impulsar el cobro a quienes gestionaban la objeción de conciencia. Ese y otros casos le costaron el cargo.