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El hasta ahora funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, procesado y con prisión preventiva por presunta estafa y otros delitos, registra poseer título de abogado, obtenido en la Universidad “Leonardo Da Vinci”, la misma envuelta en controversia en torno al caso del diputado Orlando Arévalo (ANR, HC), ya que en su momento no supo especificar siquiera donde quedaba la sede universitaria, y sin embargo, logró zafar de un proceso penal presentando cuestionados supuestos compañeros y docentes, que llamativamente tenían todos vínculo laboral con él.
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Según los registros públicos, Bogarín Campuzano supuestamente egresó en 2015, sin embargo, obtuvo la resolución de su título de abogado el 4 de octubre de 2017. Menos de un mes después, el 2 de noviembre de ese mismo año ya obtuvo su matrícula.
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Un hecho cuanto menos llamativo es que en el año 2017, cuando recibió tu título, solo hubo nueve egresados en Derecho en dicha universidad, según registros oficiales de Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Millonarios honorarios pese a ser funcionario
En sus declaraciones juradas de bienes, presentadas como funcionario de Diputados en 2018 y 2023 respectivamente, Willian Roberto Bogarín Campuzano reportó millonarios montos mensuales en concepto de “honorario”, pese a que la ley de la Función Pública prohíbe a los funcionarios públicos ejercer la abogacía, salvo casos muy puntuales.
En 2018, el ahora procesado reportó ingresos mensuales de G. 20.000.000 en concepto de “honorarios”, mientras que dicha cifra creció en 2023, pasando a G. 25.000.000.
Si bien en su declaración jurada de bienes no consigna el concepto de dichos ingresos, en su Declaración Jurada de Intereses (DJI) sí admite haber realizado “labores particulares” como abogado desde 2018 hasta la fecha de presentación, a inicios de este año.
En su DJI, presentada 29 de abril de este año, en el campo donde se solicita la Identificación de los cargos ocupados en el sector privado por el declarante en sus últimos dos años, reportó ser “profesional independiente” dedicado al “asesoramiento y gestión jurídica” desde el 2 de marzo de 2018 (cuando ya era funcionario de Diputados), e incluso agrega como observación que lo seguía haciendo hasta la fecha de presentación de ese documento.
La ley de la Función Pública, en su artículo 60 ,inciso L establece que “queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos: (l) efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación”.
Todo esto se suma a que en sus declaraciones juradas consignó millonarias “deudas a cobrar” a su presunto cómplice (según la Fiscalía), José Ljubetic, que según reportó en 2018 le debía G. 250.000.000, y en 2023 ascendió a G. 450.000.000.