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El Memorándum de Entendimiento (MDE) firmado el 11 de marzo de 2022, por un lado, por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y la Policía Nacional de nuestro país, y por el otro, por la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por su sigla en inglés), establece claramente cada uno de los puntos del acuerdo de cooperación. Es por ello que a través de la nota remitida por el organismo estadounidense se deja en evidencia que –además del bochornoso escrito enviado por el actual jefe de la Senad, Jalil Rachid– debe rendir cuentas sobre la ejecución del programa de Unidad de Investigación Sensible (SIU).
La documentación dice en forma taxativa: “Aunque su notificación no proporcionó una fecha específica de su retiro del MDE y, por lo tanto, del programa SIU, la DEA entiende que su intención es cumplir con la Sección 8 del MDE, que estable en parte ‘Cualquiera de los participantes puede descontinuar actividades bajo este MDE, pero debe hacer el esfuerzo de proveer un preaviso de noventa (90) días por escrito a los otros Participantes’. Por lo tanto, se ha instruido al personal de la DEA que asesora a la SIU que elabore y ejecute un plan que contemple todos los asuntos administrativos que se deben abordar para finalizar el retiro de la Senad del programa SIU para el 6 de marzo de 2025″.
En otras palabras, la Senad, a cargo de Jalil Rachid, debe empezar a rendir cuentas sobre la ejecución del programa SIU. Precisamente el MDE de 2022, en su sección 3, con relación a las operaciones, habla sobre los fondos. En ese punto dice que los participantes reconocen que el programa SIU ha sido financiado tradicionalmente por la DEA. “La DEA tiene la intención de continuar financiando la ejecución del Programa SIU, incluido todo programa técnico y equipamiento operado por la SIU, y de proveer apoyo para las investigaciones bilaterales y multilaterales de drogas”, señala el escrito.
Los fondos
En la sección 6, en tanto, sobre recursos del programa, agrega en el ítem B que: “La DEA, sujeta a la disponibilidad de fondos y recursos, tiene la intención de proveer recursos administrativos, operacionales y financieros que determine como necesarios para seleccionar y capacitar a miembros de la SIU y para realizar investigaciones bilaterales que involucran a la SIU y a la DEA”.
En el punto C, por otra parte, expresa que todos los equipamientos proveídos por la DEA deben permanecer como propiedad de los Estados Unidos, bajo los activos de la DEA, oficina de Asunción.
Es decir, al hablar la DEA en su nota sobre los asuntos administrativos se refiere a todos esos puntos. Y ahora la Senad debe rendir cuentas, en caso de que la DEA no responda a la nota de reculada que envió Jalil Rachid el 17 de diciembre.
Rachid, primeramente en un escrito remitido el 6 de diciembre de este año, informaba la decisión de la Senad de salir del programa. Sin embargo, el titular antidrogas fundamentó su postura en un acuerdo desfasado y reemplazado por el Memorándum de Entendimiento firmado en 2022.
Rachid argumentó en la nota de reculada enviada a la DEA el 17 de diciembre de 2024 que supuestamente dicha documentación no estaba en los archivos de la Senad.
Cómplices del bochorno
Un punto llamativo es que Rachid argumentó desconocimiento del MDE. No obstante, el documento firmado el 11 de marzo de 2022 señala el propósito y la inclusión del Ministerio Público como parte del programa SIU.
En la página web de la Fiscalía se ve que el jefe de la Secretaría de Inteligencia (SNI), Marcos Alcaraz, fue representante por esa institución. Este último, sin embargo, el 7 de diciembre pasado acompañó la conferencia de prensa sin citar esos puntos clave del MDE.
Uno de esos ítems justamente está en la sección 8, sobre duración y modificación del MDE.
Además del plazo de 90 días de anticipación, cualquier cambio del MDE debe hacerse con consentimiento de los participantes. Es decir, la Senad tuvo que tener el consentimiento de la Policía Nacional y del Ministerio Público.