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Por lo tanto, el expediente estará en un limbo y no podrá ser remitido a la Cámara de Senadores hasta que concluya su tratamiento en marzo de 2025, al término del receso parlamentario.
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No obstante, la iniciativa podría ser aprobada si la Comisión Permanente del Congreso convoca a la Cámara de Diputados en enero o febrero del año entrante.
La ley plantea castigar penalmente a las empresas que mantengan en listas negras crediticias y financieras a personas que ya hayan honrado sus compromisos.
El proyecto de ley, que modifica varios artículos de la Ley 6534/20 de protección de datos personales crediticios y “establece sanciones penales por el uso abusivo y distorsionado de las informaciones personales”, plantea poner límite a las “listas negras” contra personas que ya cancelaron su deuda.
Esto debido a que caer en mora se convierte en un estigma (incluso tras cancelar las deudas), que en ocasiones impide al afectado poder acceder a empleo, lo que se convierte en un círculo vicioso.
Entre los aspectos nuevos del proyecto, se agrega la posibilidad de que el propio afectado pueda exigir a los buró de información crediticia que elimine datos, siempre que tenga la documentación respaldatoria, en un plazo de 24 horas. No obstante, algunas comisiones mostraron reparos en castigar penalmente el incumplimiento de la ley.
Pidieron la postergación por retraso del Ejecutivo
La diputada Rocío Vallejo (PPQ) pidió la postergación sine die y la Presidencia lo aprobó hasta que la diputada Rocío Abed (ANR, HC) se opuso. La legisladora cartista señaló que este proyecto busca impedir el uso de datos personales por las empresas.
Tanto Vallejo, como Raúl Benítez (Ind) y Carlos María López (PLRA) repudiaron que el Poder Ejecutivo remita su propuestas “cinco minutos antes”.