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El pleno de la Cámara Alta aprobó la derogación de la Ley 1626/2000 de la Función Pública y remitió al Ejecutivo la cuestionada reforma planteada.
Prácticamente no hubo debate y los cartistas expusieron las modificaciones introducidas en Diputados. Se votó a mano alzada y los senadores que se abstenían de votar fueron “anotados” en el acta.
La norma fue aprobada en el Senado el 13 de noviembre, fue modificada en Diputados el miércoles último y sancionada hoy en la Cámara de origen. Permite que sigan miles de contratados, falsos concursos, nepobabies y cargos de confianza, pero el Ministerio de Economía tendrá el poder de anular los contratos colectivos. La ley también deroga la carga laboral de 48 horas a la semana, ignorada en la ley vigente con acciones de inconstitucionalidad, y formaliza la carga de solo 40 horas semanales, mientras que en el sector privado se exigen las 48 horas cada semana.
La opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) adelantó su voto por el rechazo porque el expediente les fue entregado en la mañana y dijo que no tuvo tiempo de analizar cómo afectarán las modificaciones a la ciudadanía. El senador Rubén Veláquez (Yo Creo) pidió modificaciones de forma en el artículo que regula las elecciones de sindicatos estatales bajo supervisión de la Justicia Electoral, sin embargo, los cartistas tenían la orden de aprobar el expediente rápidamente. En menos de 10 minutos se aprobó el proyecto.
Cambios introducidos en Diputados y sancionados en el Senado
Con los cambios, entre otras cosas, pretenden que no se les corte el “chorro” con asesores y contratados.
Se introdujo la posibilidad de incluir en la categoría de cargos de confianza a “los directores de comisiones y de bancada del Poder Legislativo”.
Se testó el posible castigo con pérdida de investidura en caso de violar la ley tanto para la incorporación de funcionarios públicos (permanentes) y empleados públicos (contratados).
También se estableció la posibilidad de puenteo a la ley para contratación de choferes y otros rubros preferidos para ubicar a hurreros de menor monta, mediante la reglamentación que realizará cada institución.
Finalmente, también se modificó el plazo de aplicación en el caso de que se promulgue la ley, pasando de la aplicación inmediata a la propuesta de 6 meses tras el visto bueno del Ejecutivo.