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Según la información preliminar de los intervinientes en un operativo simultáneo realizado en el departamento de San Pedro y en Asunción, el abogado y funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano es uno de los objetivos de la Policía y la Fiscalía, por presuntamente ser parte de una red que habría estafado por más de US$ 1 millón a colonos de la zona.
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Bogarín Campuzano actualmente se desempeña como Director General de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional, designado desde septiembre del año pasado por el actual presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre.
Su madrina política es la diputada cartista Jazmín Narvaez, ya que de la mano de esta se candidató como presidente de la Seccional Nº 3 de Lambaré. En ese entonces formaban parte del movimiento Fuerza Republicana. Sin embargo, apenas culminadas las elecciones generales, Narváez se pasó al cartismo.
Intentamos obtener la opinión de la legisladora, pero dijo no querer dar declaraciones.
El mismo percibe mensualmente G. 29.084.600, en concepto de salario, gastos de representación, bonificaciones y gratificaciones. Ya a finales del periodo pasado, durante la presidencia de la Cámara Baja del Carlos María López (PLRA, PL), Bogarín Campuzano fue designado Director de Asesoría Jurídica de Diputados.
Llamativos nexos con sus declaraciones juradas
En su última declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) a finales de septiembre del año pasado, llama la atención los millonarios montos de “deudas a cobrar”, que lo ligan al caso por el cual ahora está investigado. En total, declaró que le adeudaban G. 730.000.000.
En primer lugar, declara que José Ljubetic, otro de los objetivos del operativo policial-fiscal le adeuda unos G. 450.000.000. Por otra parte, también aparece una de las presuntas víctimas, David Friesen, quién supuestamente le debe G. 210.000.000 al funcionario de Diputados. También un monto a cobrar por G. 70.000.000 de la empresa Adelina S.A.
No deja de llamar la atención el millonario patrimonio del funcionario, que neto declara G. 2.509.970.000.