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Limitando el debate, una mayoría cartista y sus satélites sancionó en su cuarto trámite la versión Senado el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) mediante la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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La versión sancionada da “opción” de omitir la exigencia de certificado de condición de dominio, algo que opositores advirtieron que por la superposición de títulos que existe en nuestro país, sería un riesgo para la seguridad jurídica. Se intentó coartar el debate, haciendo una aplicación estricta del reglamento de permitir una sola intervención a cada legislador.
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) fue la que empezó el argumento a favor de ratificar la versión Diputados, que plantea mantener la obligatoriedad de la exigencia del certificado de condición de dominio para inscribir una propiedad, diciendo que incluso representantes internacionales advirtieron el riesgo de convertir en opcional este requisito.
“Ayer en una reunión de la que participaron varios miembros de las entidades que nos dan los préstamos a nivel internacional, en la que nos manifestaban su gran preocupación por la gran inseguridad jurídica en Paraguay. Esto que se va a aprobar con la versión Senado se suma a la gran inseguridad jurídica que ya existe”, comenzó advirtiendo Vallejo, que consideró llamativo que cree que el propio entorno del presidente Santiago Peña es consciente del problema que podrían generar la versión que respaldó su bancada.
El argumento del oficialismo es que supuestamente no se elimina el requerimiento del certificado, sino que se vuelve opcional, pudiendo eximirse del mismo con el pago del doble del monto de las tasas impuestas. “No importa que se pague 10 veces más, estamos hablando de seguridad jurídica, cuando se le comience a joder a los extranjeros que vinieron a invertir acá (dirán), ¿qué hicimos? (pero ya será) tarde”, insistió Vallejo.
En tal sentido, tanto Vallejo como el diputado Raúl Benítez (Independiente) manifestaron que los que estarán felices serán los narcotraficantes, que aprovecharán incluso para lavar dinero.
“Obviamente que el narco te va a pagar el doble (de la tasa)” y esta ley le va a afectar “al más necesitado”, ya que al más necesitado es al que le va a costar pagar el extra para obviar la exigencia del certificado. También sostuvo que afectará a los “escribanos honestos”, mientras los “escribanos estafadores estarán felices”, ya que son los mismos que hasta ahora ya “lucraban con títulos falsos” y ahora lo harán más fácilmente.
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Habilitará el “trato kuré”
Otro que fue bastante enfático en advertir del riesgo de la versión Senado fue el diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL), quien afirmó que acá se va a dejar arco libre a los que tengan mala fe y al trato kuré (sucio -interpretación no literal-).
“No se puede dejar al arbitrio la Ley para quienes tengan mala intención. El que tenga mala intención como vendedor le va a decir al comprador: No tranquilo, firmá acá, yo te pago la tasa y él mismo va a ir a pagar el doble de la tasa. ¿Y quién le garantiza de que le van a advertir que es opcional? Acá podemos dejar abierta la puerta para el trato kuré”, sostuvo Blanco.
Los colorados disidentes Mauricio Espínola, Roberto González y Daniel Centurión (todos ANR, Fuerza Republicana) también se desmarcaron del Ejecutivo, y se sumaron a la advertencia de daño a la institucionalidad de la República.
Espínola abogó -sin ser tenido en cuenta- por tener postura propia como cámara y no ser simples “pasapapeles” del Ejecutivo.