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El proyecto de ley de la Carrera del Servicio Civial se aprobó con la modificación de una decena de artículos que no pudieron siquiera ser analizados por legisladores opositores, ya que se presentaron cinco minutos antes del tratamiento. La aplanadora cartista no oyó razones y se opuso a la postergación y aprobó “por capítulo”, abriendo la canilla a seguir metiendo por la ventana a asesores y a contratados.
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Entre las principales modificaciones que se identifican del pobre análisis, ya que no se permitió el debate ni se tuvo a la vista el dictamen de base, destaca la reforma del artículo 102 de los Cargos de Confianza, donde introdujeron la posibilidad de incluir en esta categoría a “los directores de comisiones y de bancada del Poder Legislativo”. La versión es significativamente peor que la del Senado, cámara a la que vuelve para su tercer trámite.
Incentivan violación de la ley al suavizar castigo
Otro de los artículos modificados es el 14, donde testaron el posible castigo con pérdida de investidura en caso de violar la ley, esto puesto que eliminaron el párrafo que decía: “quien efectue un nombramiento o contratación en violación de la presente ley incurrirá en falta grave o mal desempeño de funciones, y será pasible de destitución o remoción”.
Eliminan el término “mal desempeño en sus funciones”, que es causal de juicio político, y en su reemplazo establecieron una redacción más benigna.
“El acto jurídico por el cual se dispone el ingreso de servidores públicos a la función pública en transgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder los responsables del nombramiento o contratación respectivos”, señala el artículo reformulado.
Lo mismo realizaron en el artículo 77, de los empleados públicos (actualmente conocidos como contratados). En este punto, eliminaron el párrafo que castigaba las irregularidades. “Quien autorizare o realizare contratación en violación de los límites y alcances previstos en la presente ley para el empleo público incurrirá en falta grave o mal desempeño de funciones, y será pasible de sanción de destitución o remoción”, señalaba también la versión Senado.
En dicho artículo (77) también se estableció la posibilidad de puenteo a la ley para contratación de choferes y otros rubros preferidos para ubicar a hurreros de menor monta, mediante la reglamentación que realizará cada institución.
“Cada autoridad en materia de función pública respectiva podrá determinar reglamentariamente un procedimiento de selección para contratar personal del servicio auxiliar. Se entenderá por servicio auxiliar a los trabajos no profesionales que consistan en servicios de limpieza, choferes, ordenanzas y otros de naturaleza similar. Estos procedimientos de selección solo podrán realizarse para una remuneración de hasta treinta (30) jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas de la capital”, señala el párrafo agregado.
Finalmente, también se modificó el plazo de aplicación en el caso de que se promulgue la ley, pasando de la aplicación inmediata a la propuesta de 6 meses tras la el visto bueno del Ejecutivo.
En cuanto al artículo 35 “Traslado por razones de mejor servicio”, se eliminó el artículo que establecía la posibilidad de oposición del funcionario y el mecanismo para compensarlo en caso de ser cesado por dicho motivo.
“Si el funcionario se negase al traslado por razones de servicio, podrá darse por terminada la relación laboral con las indemnizaciones respectivas por despido sin causa justificada”, señalaba el párrafo eliminado. También se agregó que para la elección de autoridades sindicales se realizará con fiscalización del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Ignorados ante pedido de postergación para tratamiento serio
La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) lamentó que una ley que debía ser una de las más importantes, se trate bajo la mesa, sin análisis serio ni debate. Repudió que en vez de hacerlo en una extensa sesión ordinaria, “cinco minutos antes del tratamiento del punto, que trabajan todo mal por nuestra culpa, nos traigan las modificaciones al proyecto del Senado”.
El diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) fue el primero en señalar que pidieron la postergación para tratar mejor el tema, pero acusó directamente que “el presidente (Santiago Peña) quiere esta ley (a las apuradas y sin debate) y no es casualidad que nos presente la última sesión del año” .
Acotó que “el presidente se olvida que fueron funcionarios los que le llevaron a la presidencia” y que por ello, al menos por decoro, tuvo que permitir un mayor debate.
Otros, como los diputados Rubén Rubin y Miguel Martínez (ambos independientes), cuestionaron el proyecto, incluso sin las modificaciones, ya que a criterio de este último, es como cambiar “mboka por garrote”.
“Es un absurdo y no me voy a ensuciar aprobando esta ley guau que va a institucionalizar al funcionario público. Nada de eso, va a seguir la corrupción, va a seguir todo tipo de prebendarismo, el nepotismo y los nepobabies y todo de lo que la ciudadanía trabajadora está cansada”, dijo Martínez.
“Esta última ley se fue modificando y hoy termina regulando a la casta y sigue pulverizando la plata del contribuyente y pongo unos ejemplos, a los 6 meses el funcionario público ya es nombrado, ya tiene estabilidad. No hay más exámenes de permanencia, solamente de ascenso”, cuestionó el diputado Rubén Rubín (Independiente).
Vallejo también acotó que la ley no cumple con lo que esperaba la ciudadanía y que excluye de su aplicación el Poder Legislativo y Judicial, por lo que su fin es más propagandístico que real.