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En el museo del Poder Judicial se llevó a cabo este martes un acto de conmemoración del aniversario 32 del hallazgo de los “Archivos del terror”, documentos policiales que revelaron detalles sobre el aparato represivo de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que durante décadas llevó adelante una campaña de desapariciones, tortura y asesinatos de disidentes.
El descubrimiento fue atribuido inicialmente al abogado Martín Almada, quien empleó un recurso de “habeas data” firmado por el entonces juez José Agustín Fernández -actual camarista de la Corte Suprema de Justicia– e ingresó el 22 de diciembre de 1992 a la sede de la Dirección de Producción de la Policía Nacional en Lambaré.
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El allanamiento resultó en el descubrimiento de una parte clausurada del recinto que solía corresponder al temido Departamento de Investigaciones de la Policía, donde fueron hallados documentos amontonados en pilas de hasta dos metros de alto.
En el patio del local fueron hallados más documentos que habían sido enterrados.
Los documentos secretos de la policía stronista que descubrió Almada dan cuenta de numerosas violaciones de los derechos humanos de casi diez mil personas, entre torturas, desapariciones y ejecuciones perpetradas por el aparato represivo dictatorial paraguayo.
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Además, dejaron en evidencia la existencia de un plan internacional de represión de las dictaduras que durante la segunda mitad del siglo XX dominaron no solo Paraguay, sino también Argentina, Brasil y Chile, un esquema denominado “Operación Cóndor”, que contaba con respaldo de Estados Unidos.
El comisario retirado Ismael Aguilera Rolón, subdirector de Producción de la Policía en 1992, dijo haber sido la persona que dio la alerta que permitió a Almada llegar a los documentos, y alegó haber sido víctima de persecución dentro de la Policía por ello. Además, desmintió afirmaciones de Almada de que descubrió el “Archivo” gracias a una investigación de 15 años.
Las víctimas “merecen la verdad”
En el acto conmemorativo de hoy, el camarista José Agustín Fernández dijo que la preservación del “Archivo del terror”, cuyos documentos están resguardados en el museo del Poder Judicial, es un “arduo trabajo de memoria” con el fin de “reivindicar el derecho a la verdad”.
“Tantas penurias pasaron las víctimas, sus familiares, tantas violaciones sistemáticas de sus derechos humanos”, dijo. “Merecen la verdad”.
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“El derecho a la verdad es un derecho humano básico, la verdad está unida con la dignidad, la memoria, la historia y el derecho”, insistió.
Al mismo tiempo, lamentó que el Estado paraguayo ha sido “lerdo, lento y demasiado poco generoso” a la hora de reivindicar a las víctimas de la dictadura.
Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, celebró el “empuje” de “todas las personas que trabajan en la memoria histórica” y agregó que los resultados de esos esfuerzos han “logrado traspasar las fronteras”.
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“El ‘Archivo’ no solo es parte importantísima de la historia de nuestro país, que ha confirmado un sistema de represión, desaparición, tortura y muerte; sino que ha confirmado la existencia del ‘Operativo Cóndor’, de una sincronización del terror, de las policías del Cono Sur, para reprimir y desaparecer personas que luchaban a favor de la democracia”.