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El evento afecta tanto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) como al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Liliana Alcaraz, quien es titular del ente local y presidenta pro tempore del organismo internacional, admitió que la financiación fue privada, pero no quiso revelar qué firmas y/o quienes aportaron.
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A raíz del secretismo, la senadora Esperanza Martínez (FG) anunció que presentará ante el pleno de la Cámara Alta un pedido de informes para que se detalle el origen de los fondos que sirvió para el encuentro entre abogados de lavadores y agentes antilavado.
En su nota, Martínez exige a la Seprelad los detalles de la organización del evento; de las reuniones o actividades realizadas durante el evento; el nombre de las entidades participantes (nacionales e internacionales) y el rol de la Seprelad en la en la planificación y ejecución.
La solicitud de la legisladora opositora debería ser tratado en la última sesión ordinaria de este año prevista para el miércoles 18 de diciembre. No se descarta que el cartismo y sus aliados recurran a la táctica de dejar la sesión ordinaria sin quórum, de tal manera a forzar a la convocatoria de una reunión extraordinaria, con el objetivo de eludir los pedidos de informes.
En caso de que este miércoles se llegue a aprobar la solicitud de la senadora del FG, Seprelad tendrá 15 días para responder, ya dentro del periodo del receso parlamentario que se inicia el sábado 21 de diciembre hasta el 1 de marzo de 2025.
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Objetivos del evento
La legisladora también pretende requerir a Seprelad sobre los objetivos del evento; la declaración de metas o propósitos planteados para el evento y la relación de dichos objetivos con las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Paraguay. Igualmente cuestiona sobre la financiación del evento; el monto total destinado a la organización del evento, incluyendo desglose de gastos; los procedimientos seguidos para la contratación de servicios y rendición de cuentas y los participantes.
También exige los datos sobre la lista de autoridades, representantes de gremios, organizaciones no gubernamentales y otros invitados así como la identificación de posibles personas o entidades que puedan tener intereses económicos o legales asociados al evento entre otros.