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Tras reunión de la mesa directiva, presidida por el titular interino de la Cámara Baja, diputado Carlos Arrechea (ANR, B - Oficialista), se fijaron los temas a ser tratados el próximo martes 17, la última sesión ordinaria del año atendiendo a que el sábado 21 próximo inicia el receso parlamentario, según establece el artículo 184 de la Constitución Nacional. El proyecto de ley de la “Función Pública y la carrera del Servicio Civil”, que ya cuenta con media sanción del Senado, está entre los primeros lugares del orden del día.
Al menos en el borrador del orden del día, que consta de 26 puntos, el proyecto figura en tercer lugar, pero definitivamente es el principal de interés del Ejecutivo, que viene impulsando a tambor batiente esta iniciativa, presentándola, supuestamente, como una herramienta para promover la “meritocracia” en la Función Pública. Esto es un discurso más bien rimbombante, ya que la norma podrá ser evadida por el Poder Legislativo y Judicial, tal como ya lo hacen actualmente.
De hecho, el propio presidente Santiago Peña se ha encargado de promover todo lo contrario, ya que en campaña había dicho que “hay muchos correligionarios que creen que los cargos que tienen son porque son ‘guapitos’, que tienen la pared llena de títulos, está lleno de gente con títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado” y luego, ya en función de gobierno, se encargó de ratificarlo defendiendo casos de nepobabies, como el de la hija del diputado cartista Yamil Esgaib, Magida Esgaib, ubicada sin mayores méritos en la embajada de nuestro país en Reino Unido con un millonario salario.
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El proyecto de la Ley del Servicio Civil, si bien establece mecanismo para ascenso mediante evaluaciones y el ingreso “por concurso”, también legaliza una figura cuestionada que actualmente no existe en la Ley de la Función Pública, que es la de los famosos “asesores”, que con la excusa de ser “cargos de confianza”, nombran sin mérito alguno, llegando a extremos vergonzantes, como el del hijo de la diputada Roya Torres (PLRA, A), Elias Godoy Torres, que con 19 años y apenas título de bachiller fue nombrado “asesor” de su madre en Cámara Baja con salario de G. 9.500.000.
Finalmente, el proyecto de ley no es ninguna garantía para eliminar los vicios sobre todo en el Poder Legislativo, donde el presidente de Diputados, Raúl Latorre y los dos últimos titulares del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, y Basilio “Bachi” Núñez (los tres cartista) hay llenado de “nepobabies” y operadores políticos sin títulos el Congreso. Esto debido a que actualmente ya existen restricciones para el nombramiento de familiares y operadores mediante la Ley que Establece medidas de racionalización del gasto público“, conocida como “Ley Godoy”, que es evadida con un simple artículo incluido en el Presupuesto de Gastos de la Nación.
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Insistirán con reforma al IPS, tren de cercanías y el RUN
Ayer, la sesión ordinaria quedó sin quorum antes del tratamiento de otros temas de interés del oficialismo, por lo que estos volvieron a ser incluidos entre los primeros puntos del orden del día de la próxima sesión. En primer lugar, se intentará sobrepasar el escollo que hay con el proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN), donde se necesitan 41 votos para imponer ya sea la versión Senado o ratificar la de Diputados.
Existen solo dos artículos en controversia que sustancialmente refieren a la exigencia de certificado, el 122 y 126, que refieren a la exigencia obligatoria o no de “certificado de condición de dominio” para inscripción de propiedades. El cartismo se allanó a la versión Senado, que permite prescindir de este documento, mientras que opositores e incluso algunos colorados oficialistas se ratificaron en la versión Diputados, que defienden la obligatoriedad del certificado a fin de evitar un “caos jurídico”.
Esto último debido a que sin el certificado de condición de dominio se podrían inscribir propiedades de manera irregular, sobre todo porque existe una gran cantidad de superposición de títulos en nuestro país, y sin dicho documentos, gremios de Escribanos sostienen que podrían verse expuestos a incurrir en irregularidades.
Por otra parte, también se volvió a incluir el proyecto de reforma del Tren de Cercanías, que tiene “tratamiento de urgencia”. La iniciativa busca readecuar el proyecto luego de que se retire la propuesta inicial de inversión de Corea.
Finalmente, también otro tema controversial en agenda es la reforma de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) para extender de 3 a 10 años el periodo de aportes para el cálculo de la jubilación final de los aportantes.
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Con esta iniciativa, IPS pretende que el haber jubilatorio se fije en base a los salarios de los últimos 10 años de aporte y ya no de los últimos 36 meses como es actualmente, ya que según refieren, una práctica irregular común es que empleados con altos salarios en connivencia con sus empleadores aporta ya mayor parte del tiempo apenas el sueldo mínimo, y en recién en los últimos 3 años el salario real, a fin de aumentar su jubilación.
Para los empleadores “desleales”, la práctica también es conveniente, puesto que la ley obliga aporta el 2,5% del salario del empleado, es decir, sin hacen figurar un monto menor, también el aporte es menor.