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Un grupo de parlamentarios y políticos que pertenecen al Nuevo Liberalismo, sector disidente al oficialismo, ratificó su denuncia en contra del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, a quien acusan de tener malos manejos administrativos y por lo cual exigen su destitución del cargo.
El Tribunal de Conducta del PLRA, a cargo de Enrico Sachero, nombró como jueza a Carolina Ferreira, funcionaria del Senado y a cargo del senador expulsado del PLRA y aliado cartista, Dionisio Amarilla. En febrero pasado, fue salpicada por supuesto planillerismo en la institución. Como actuario de instrucción sumarial Enrique Escobar, funcionario del Senado y director de la bancada “A” del PLRA.
Entre los denunciantes, se ratificaron: Los diputados Rodrigo Blanco, Pastor Vera Bejarano, Pedro Gómez, Emilio Pavón, Marcelo Salinas, Dalia Estigarribia y la senadora Celeste Amarilla. Asimismo, la exparlasuriana Blanca Lila Mignarro, Basiliza Vázquez, Ariel Fonseca, Matías Godoy, el exintendente de Nueva Italia, Osvaldo Krause, Andrea Arias y Christian Bareiro. Al exdiputado Hugo Capurro, se le fijó audiencia supletoria para el miércoles a las 17.
Tras la ratificación de la denuncia se le da intervención a la fiscalía del partido y se le corre traslado al denunciado para que conteste, en este caso al titular del PLRA, Hugo Fleitas. Desde la notificación, corre el plazo de 60 días para que concluya el proceso.
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Entre las causales, se menciona la falta de convocatoria a sesiones ordinarias del Directorio de carácter obligatorio durante todo el 2024, pese a que el estatuto habla de que deben sesionar cada 15 días. Asimismo, mencionan el incumplimiento de las resoluciones del Directorio que ordena que convoque a las sesiones.
Igualmente, la violación de lo dispuesto en el artículo 44° del estatuto partidario respecto a las formas y obligaciones de las sesiones extraordinarias. Hablan del incumplimiento de las resoluciones de la Convención Nacional extraordinaria del partido por no cumplir con su rol de articulador.
También mencionan una infracción a lo dispuesto en el artículo 45° del estatuto partidario porque no ha sometido la aprobación del Directorio los actos financieros del partido. Además, el incumplimiento del pago de obligaciones sociales del Instituto de Previsión Social (IPS). Cuestionan que proceden a descontar el aporte obligatorio a los empleados del partido; sin embargo, no se han realizado el pago de la deuda equivalente a G. 171.210.682.