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El 20 de noviembre de 2024, un día antes de la presentación de la denuncia contra la empresa unipersonal Astelev de Simón Recalde Romero, el Congreso Nacional, presidido por el cartista Basilio “Bachi” Núñez, pagó a esa compañía más de G. 514 millones. Así lo detalla el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en el marco de la licitación para la provisión, instalación y puesta en marcha de ascensores en el Parlamento, por un monto global de G. 2.600 millones.
Astelev fue denunciada el 21 de noviembre de 2024 por Luis Nores, representante de la empresa peruana GW Perú SAC Gatwick Ascensores, por la supuesta falsificación de certificados de especialización en seguridad eléctrica y reparaciones preventivas de elevaciones verticales de ascensores de marcas específicas. Estos documentos presuntamente falsos usó la firma paraguaya para cumplir con los requisitos de la licitación, de acuerdo al relato.
El acuerdo, por un plazo de 24 meses y firmado por Bachi el 2 de octubre de 2024, establecía el cobro de un anticipo del 20%. Este monto, dividido en dos pagos de G. 58 millones y G. 455 millones, fue desembolsado el 20 de noviembre pasado.
Protesta de por medio
Lo llamativo es que el pago también se hizo en medio de una protesta presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) contra la adjudicación de este contrato. La impugnación ingresó el 4 de noviembre de 2024 y era con relación a la falta de consignación de ítems en la planilla de precios, en el cuadro comparativo de ofertas y sobre el certificado de eficiencia energética.
Una decisión bastante sospechosa es que luego de la protesta, el director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Congreso, Julio Medina, firmó una declaración jurada mediante la cual asumía la responsabilidad de continuar con el proceso y usar el código de contratación.
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Es decir, existió un sospechoso apuro para seguir con el proceso y pagar a la empresa ahora denunciada, según el documento.
Lo cierto es que la DNCP, finalmente, el 2 de diciembre de 2024 dio por concluida su investigación al no encontrar hechos que desvirtúen la licitación. Sin embargo, la pesquisa no incluyó la actual denuncia por la presunta falsificación.
“No busquen más en la papelera”
“Con mucho respeto a los periodistas que representan ese medio de prensa (por ABC), la verdad les sugiero que no busquen más en la papelera, donde seguramente van a encontrar varias protestas”, dijo ayer el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Fue al intentar minimizar el escándalo sobre la presunta falsificación de certificados en un proceso licitatorio para la provisión de ascensores. Para Bachi los funcionarios no son peritos ni tienen la obligación de determinar si documentos son falsos o no. Afirmó que esa responsabilidad es de la DNCP.
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Tentativa de estafa al Estado paraguayo
Javier Arrúa, abogado en nuestro país de la empresa peruana GW Perú SAC, confirmó la veracidad de la nota presentada el 21 de noviembre de 2024 por el gerente de esa compañía extranjera Luis Nores ante la UOC del Congreso Nacional. Reiteró que la firma, a través de ese documento, busca dejar precedente de la supuesta falsificación de certificados sobre capacitaciones a personas que no tuvieron relación con la misma.
Indicó que la GW Perú SAC Gatwick Ascensores igualmente presentará en los próximos días una denuncia penal ante el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de producción de documentos de contenido falso, tentativa de estafa al Estado paraguayo y otros. Estamos hablando de un hecho gravísimo porque mi cliente niega en forma enfática la expedición de esos certificados, insistió.
El propietario de Astelev, Simón Recalde, por su parte, aseguró que los certificados son originales.