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La jefa regional del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) de la oficina de Villarrica, Liliana Escurra de Giménez, ocupa el alto cargo desde noviembre del año pasado a través de una cuestionada maniobra porque para concretarla fue removida Eliana Cabrera Palacios, quien había llegado al cargo y luego reconfirmada, por medio de concursos, hecho que fue denunciado y que ahora está en juicio en el Tribunal de Cuentas.
Escurra de Giménez es funcionaria permanente de la Gobernación de Guairá, comisionada al MUVH y también es personal administrativa de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), de acuerdo con los registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su remuneración total casi llega a G. 9.000.000.
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En su Declaración Jurada que presentó ante la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 23 de noviembre también mencionó que era funcionaria de la Agroganadera CLS, propiedad del gobernador de Guairá, César Sosa, pero tras publicaciones periodísticas, la jefa del MUVH modificó su DJ y ahora ya no aparece un vínculo con una de las empresas del gobernador.
Presunta irregularidad
ABC Color accedió a una serie de documentos sobre una denuncia formal que se hizo ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) hace unos días sobre la jefa del MUVH y excandidata cartista a concejala de Yataity.
Según la denuncia, Liliana Escurra “ingresa al MUVH en horario normal donde debe cumplir un horario de 8 horas, de 07:00 a 15:00. Se retira sin realizar la marcación correspondiente en el reloj biométrico instalado en la sede. Registra sí ingreso en la Unves. Se retira de la universidad sin marcar su salida, concurre a la oficina del MUVH, registra su salida y retorna a la Unves para culminar su jornada de trabajo”.
Señala que este hecho reiterativo se encuentra claramente registrado en los informes solicitados mediante los portales de transparencia de las dos instituciones públicas en donde la denunciada presta servicios.
Esta misma denuncia agrega una serie de cobros que habría recibido la operadora del gobernador Sosa.
Detalla, por ejemplo, cobros por horas extraordinarias de mayo de G. 79.734 y adicionales de G. 492.986 solo en el mes de mayo. En junio habría recibido G. 159.468 en horas extraordinarias y G. 522.913 en horas adicionales.
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En lo que respecta a julio, hace referencia a un pago de G. 143.048 por horas extraordinarias y G. 66.002 por horas adicionales. En agosto habría percibido según la denuncia casi G. 600.000 también por estos mismos conceptos.
“Resulta pertinente, por tanto, que se realice una investigación de los hechos denunciados”, dice el documento presentado ante la Senac (entonces vigente y desactivada el pasado martes) cuyo ticket es el número 18.176.
También hay documentos entregados al rector de la Unves, Simón Benítez Ortiz, para que tenga conocimiento sobre la denuncia que se realizó, ya que la jefa del MUVH también es personal administrativo de la alta casa de estudios.
Tratamos de hablar con Liliana Escurra, al número con terminación 993, pero hasta el cierre de esta edición no tuvimos retorno; lo mismo pasó con el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.
Otros ubicados en el Ministerio de Urbanismo
El MUVH se convirtió en un refugio de comisionados y operadores políticos en algunos casos sin mucha preparación. Amada Gómez Ferreira es funcionaria de la Cámara de Diputados comisionada al ente que maneja Juan Carlos Baruja como asesora. Cumple funciones en la oficina regional en Paraguarí.
Según lo registros del MEF, desde la Cámara de Diputados percibe una remuneración mensual de G. 4.900.000, mientras que en el MUVH tiene un presupuesto de G. 2.352.000, por lo que cobra al mes G. 7.352.000. Amanda Gómez es asesora bachiller.
También fue acomodado Mario Morales, presidente de la seccional 17 de General Eugenio A. Garay, quien hasta hace poco hacía fuerte campaña en sus redes sociales por Mario Abdo Benítez, para la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Otro que aterrizó en el MUVH es Carlos Yegros Pereira, quien cuenta con antecedentes por presunto uso de bienes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en provecho propio.