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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el abogado Ramón González Ibarra, representante de Serafín Mysko, propietario de un terreno en Ayolas que fue supuestamente invadido por el diputado cartista Jatar Fernández (ex Cruzada Nacional), habló del proceso impulsado por su cliente por la presunta invasión, que comenzará a sustanciarse hoy en el Palacio de Justicia de San Juan Bautista, Misiones, luego de varias medidas dilatorias por parte de la defensa.
Mysko denuncia que el diputado Fernández invadió un terreno de su propiedad en el barrio San Rafael de Ayolas, a orillas del río Paraná, donde construyó un establecimiento y residencia que el parlamentario, abierto admirador del dictador Alfredo Stroessner, denominó “La guarida del general”.
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González Ibarra señaló que su cliente tiene la posesión del inmueble en cuestión -presuntamente invadido por el parlamentario en febrero– desde hace más de 25 años, por lo que planteó interdictos de obra nueva y de recobrar la posesión del inmueble, que deberían haberse dirimido “en un mes”, pero que debido a varias recusaciones por parte de la defensa aún no pudieron ser resueltos.
“Hace un año que nos vienen dilatando con recusaciones, nunca pudimos estudiar el fondo de la cuestión”, explicó el abogado de Mysko. “El interdicto se debe dirimir en un mes, pero estamos a casi un año y no podemos entrar aún a etapa de pruebas”.
Ayer, miércoles, una comitiva judicial encabezada por la jueza Nancy Larre se constituyó en el inmueble para constatar si el mismo estaba siendo ocupado por otra persona, además del diputado Fernández, pero el encargado del sitio no permitió su ingreso.
“Entró en forma violenta, clandestina”
El abogado dijo que tanto él como su cliente “somos conscientes de que estamos enfrentando a una persona que tiene una cuota de poder en estos momentos”.
Enfatizó que el diputado Fernández “entró (al inmueble) en forma violenta, clandestina, aprovechando su investidura (...) y violando el artículo 15 de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede ejercer sus derechos por medio de la violencia”.
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Explicó que el parlamentario cartista alega tener un contrato de alquiler del terreno por un periodo de cinco años de una firma denominada Agropecuaria Chaco, que -según manifestó el abogado– ya no existe en el sistema financiero paraguayo; fue cerrada en 2011 y absorbida por la Financiera Río.
Posteriormente, se hizo un cambio registral de la propiedad a nombre de otra empresa, Hadar Centauri S.A., que al igual que Agropecuaria Chaco tiene como titular a Jaime Rafael Peña Espínola.
“La lógica se invierte”
González Ibarra manifestó que acciones como la del diputado Fernández “cambian la lógica” de un Estado de derecho, ya que “el parlamentario es la persona que debe velar por los derechos y las garantías” que establece la Constitución Nacional, pero en este caso “él lo está violando, la lógica se invierte”.
“La Constitución se debe respetar, y (los legisladores deben respetarla) más que nadie”, sentenció.
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El de la supuesta invasión en Ayolas no es el único escándalo que rodea al diputado cartista Jatar Fernández, quien enfrenta una acusación similar por la supuesta apropiación ilegal de una planta embotelladora de agua en la ciudad de Villeta, además de una denuncia por el supuesto empleo de un exfuncionario del Congreso Nacional para labores particulares.