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La Cámara de Senadores, en sesión ordinaria, rechazó por amplia mayoría el proyecto de ley que crea un fondo nacional para la cobertura de gastos de accidentes de tránsito. La iniciativa es conocida como ley “antipolladas”, en alusión a la popular manera de reunir fondos para personas sin seguro médico en un Gobierno colorado cartista que prometió al pueblo “estar mejor”.
La norma, que tendrá sanción automática el jueves 12 de diciembre, cuenta con media sanción de Diputados. Previamente, la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores recomendó por unanimidad al pleno rechazar la iniciativa.
Según los datos, G. 80 millones le cuesta al Ministerio de Salud Pública atenderle a un accidentado, mientras que el familiar termina gastando G. 120 millones por persona.
En el debate legislativo, los senadores argumentaron que la iniciativa legislativa es inviable y que tiene muchos errores. Señalaron que el documento necesita previamente pasar por el Poder Ejecutivo, específicamente por los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas. También, los legisladores señalaron que el Estado debe invertir más en educación vial y que los municipios deben ser más rigurosos, tanto en la expedición de licencias de conducir como en la inspección técnica vehicular.
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Finalmente, tras un largo debate, por amplia mayoría, la iniciativa fue rechazada. La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) no acompañó a sus colegas.
El proyecto de ley vuelve a Diputados, que para ratificarse en su decisión inicial, necesita mayoría absoluta. Es decir, 53 votos si están los 80 miembros presentes en sala.
Financiamiento
El proyecto de ley establece que el fondo se financie con aportes de una tarifa anual para licencias de conducir y pago por sanciones de tránsito, además de una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de vehículos. El artículo 3 señala que las fuentes de financiamiento del fondo incluyen recursos asignados en el Presupuesto General de la Nación a entidades de Salud y Bienestar Social.
Concretamente se financiará del pago de reparaciones sociales de infractores de tránsito que se beneficien de alternativas legales, como la suspensión condicional de procesos y una tarifa de G. 10.000 por cada licencia de conducir emitida o renovada, y luego el 50% del IVA recaudado por la venta de motocicletas y vehículos similares. El informe técnico del Ministerio de Economía dice que el proyecto de ley no fue canalizado a través de esa cartera.
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Se estima que hay cerca de 3.200.000 vehículos registrados en el país.
Además, con los montos que impone la Fiscalía y Juzgados en concepto de reparación social realizadas por las personas que hayan cometido hechos punibles por exposición al peligro en el tránsito terrestre.
Todos estos ingresos se sumarán al presupuesto disponible y estarán a disposición de los órganos de aplicación: El Ministerio de Salud, a través del Hospital de Trauma, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).