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La diputada Rocío Vallejo (PPQ) presentó el proyecto de declaración “que insta al Poder Ejecutivo a designar representante para la conformación del Consejo de Seguridad Social y, en consecuencia, decretar la intervención de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal”. El documento fue aprobado por el plenario sobre tablas en la sesión ordinaria del martes.
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En la exposición de motivos la diputada Vallejo explica que la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal es una institución que ha fracasado en su misión de brindar seguridad a los pensionados, jubilados y aportantes activos. Indicó que el año pasado a “tambor batiente” se aprobó la Ley N° 7235/2023 de “Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones”, con el argumento que se necesitaba de manera urgente intervenir las cajas de jubilaciones, sin embargo, a un año de su promulgación, no se conformó aún el Consejo de Seguridad Social.
“Esa institución está en una situación critica debido a la falta de solvencia financiera y transparencia administrativa en cuanto a sus recursos, por parte de las autoridades. Los adultos mayores están hace días en la carpa (frente a la sede de la Caja) manifestándose por algo que les pertenece, pero que las autoridades de dicha institución dilapidaron”, denunció la diputada Rocío Vallejo.
La proyectista mencionó múltiples irregularidades constatadas por la Contraloría General de la República (CGR) en la institución, luego de reiterativas denuncias. Además manifestó que muchos jubilados no perciben sus haberes correspondientes desde hace varios meses, pero los directivos se embolsillan jugosas dietas y bonificaciones todos los meses.
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La conformación del Consejo de Seguridad Social está estipulada en el artículo 15 de la Ley N° 7.235/2023, “Que reglamenta el rol supervisor de las entidades de jubilaciones y pensiones en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional”. Sin embargo, sigue sin ser conformado.
Vallejo insistió en que el Poder Ejecutivo debe tomar medidas urgentes para evitar la agudización de esta crisis financiera y administrativa, ya que la situación, lejos de mejorar en los últimos tiempos, ha empeorado.
Titular se atornilla en el cargo
Venancio Diaz Escobar, presidente del Consejo de Administración, de la Caja Municipal de Jubilaciones mediante artimañas legales consiguió suspender las elecciones para cambio de autoridades en la institución, por lo cual sigue atornillado en el cargo.
Diaz Escobar está imputado por supuesta lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, sin embargo, de manera mensual se embolsilla un jugoso salario que incluye bonificaciones. Los siete miembros del Consejo de Administración cobran entre G. 26 millones y G. 29 millones que incluye gastos de representación, viáticos, responsabilidad por el cargo y dietas.
En contrapartida los jubilados, apenas perciben entre G. 3 millones y otro pequeño grupo cobra de G. 5 millones a G. 17 millones y encima deben recibir sus haberes de manera atrasada, otras veces de manera prorrateada.