Hay 60.000 guardias y el Senado analiza este miércoles reforma en la seguridad privada

Tras numerosos intentos frustrados, la Cámara de Senadores tiene previsto analizar este miércoles, en su sesión ordinaria, el proyecto de ley que reforma la regulación en la prestación de servicios de seguridad privada. La iniciativa se enfoca en los derechos laborales de unos 60.000 guardias y serenos en el país.

SST ya no pudo volver al IPS para brindar seguridad privada, así que ahora usarán a Watchman.
La seguridad privada también es un gran negocio con el Estado. Sin embargo, sus trabajadores no tiene seguro (foto ilustrativa).Archivo, ABC Color

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Se trata de un proyecto de ley con más de 110 artículos firmado por senadores de todas las bancadas siendo su principal vocera la senadora Esperanza Martínez (FG). La iniciativa deroga la ley N 5424/15, que actualmente regula la seguridad privada, así como el Inc. B del Articulo 125 del Código del Trabajo, sobre las jornadas máximas en este rubro.

Sin embargo, el proyecto no tiene dictámenes de las principales comisiones asesoras, por lo que no se descarta una nueva postergación.

En la exposición de motivos, los proyectistas señalan que los sindicatos del rubro estiman que en Paraguay hay más de 60 mil guardias de seguridad y serenos “más del doble de la cantidad de efectivos en la Policía”.

Mensús modernos

Sin embargo, los trabajadores de este sector describen la explotación laboral como “mensús modernos”, donde los guardias de seguridad cada mes tienen varios descuentos por capacitación, carné, armas y licencias, paquetes de datos del celular que usan para trabajar entre otros.

Agregan que si bien esta práctica es ilegal, no hay controles del Estado y pagos acordes por el trabajo nocturno, fines de semana y feriados, 16 horas al día sin descanso; sin seguro de IPS así como la proliferación de “empresas de maletín”.

En el proyecto de ley se establecen sanciones a las infractoras. Las faltas leves tendrán multas de hasta 40 jornales (G. 4.305.080); las faltas graves se castigarían con multas de hasta 80 jornales (G. 8.610.160) y la suspensión de hasta un años; mientras que las faltas gravísimas se castigarán con hasta 160 jornales (G. 17.220.320) y la inhabilitación definitiva.

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