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Entre los cinco oferentes que se presentaron, finalmente el Consorcio Track SA, representado en este llamado por María Adriana Sosa Saldívar, fue la adjudicada en el llamado a licitación que impulsó el Ministerio del Interior para la provisión y monitoreo de las tobilleras electrónicas, en los que se proyecta utilizar hasta más de G. 81.000 millones.
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El Consorcio Track está integrado por las firmas TSV del Paraguay SRL, como empresa líder, y otros dos miembros, que son Urbis SA y Paraguay Security SA. La oferta que presentó fue de G. 2.000.600 cada tobillera electrónica.
En el caso de TSV, posee decenas de contratos con entidades del Gobierno, de acuerdo con el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), sin contar otros proyectos con organismos multilaterales que son utilizados para puentear los controles de la DNCP, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
Esta misma empresa fue bastante cuestionada en su momento cuando saltó el caso que tomó mucha repercusión y que fue denominado comisarías de oro, en el que, con el mismo Ministerio del Interior, se firmó un contrato por G. 6.439.018.900 para la provisión de equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento para el sistema.
Los registros muestran que en ese entonces, con la administración de Juan Ernesto Villamayor, se habrían pagado G. 493 millones por cada comisaría móvil, con un supuesto sobrecosto de hasta de 16 veces.
Otro contrato hace cuenta que esta misma empresa había proveído auriculares a la Policía Nacional por valor de G. 127 millones.
Chelecos no llegaron a tiempo
En el caso de la empresa Paraguay Security SA, que forma parte del Consorcio Track, el pasado 7 de agosto debía entregar a la Unops 1.500 chalecos antibalas, con nivel NIJ lll-A.
Estos equipos fueron adquiridos por US$ 780.000, que equivalen a más de G. 5.700 millones y tenían como beneficiario final el Ministerio del Interior, según el convenio de la Unops con la Itaipú Binacional, la cual facilitó los fondos. Documentos a los que accedió ABC revelan que el 16 de agosto de 2024 la Unops ya remitió a la empresa Paraguay Security SA una nota en la cual le responde sobre el pedido de prórroga para la entrega de los chalecos. La citada compañía pidió pasar el cumplimiento del millonario acuerdo para el 5 de septiembre último por “fuerza mayor”, según argumentó. El 17 de septiembre pasado, es decir, más de una mes de la fecha establecida para la entrega, seguía sin haber rastros de los chalecos que se compraron con recursos de Itaipú.
El 12 de octubre, el Ministerio del Interior compartió un material audiovisual institucional donde habla de entrega de chalecos antibalas para el personal policial, que serían los mismos que debían haberse entregado en agosto pasado por Paraguay Security SA.
Oferta más baja quedó fuera
Entre las ofertas que figuran en el portal de la DNCP aparece la que presentó la firma Comtel SRL, representada por Alexandra Clarissa Jungers, que no conformó ningún consorcio y planteó la oferta más baja, con precio unitario de G. 1.200.000.
El consorcio SNS PY, representado por Ernesto Cikel, está integrado por Compañía de Vigilancia NS, Smartline SA y Seguridad Tecnológica Avanzada. Su oferta fue de G. 2.191.449.
A su vez, el Consorcio Alianza, representado por Mercedes Torres, está compuesto por las empresas Prevención SRL y Sky Cop Paraguay. Ofrecieron proveer cada tobillera por G. 2.040.000.
Por su parte, el Consorcio Monitoreos está representado por Carlos Gallardo e integrado por las empresas Technoma Saeca y Seguridad Inteligencia y Tecnología SA (SIT). La oferta que hizo fue de G. 2.098.000.