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El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) había incluido como primer punto del orden del día, de la sesión extraordinaria, prevista para las 9:40, el proyecto de ley “Que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social”. Sin embargo, la aplanadora cartista prefirió dejar sin quórum y no incluir el punto para evitar fundamentar sobre el proyecto, del que ya se habían mostrado en contra.
Con la exclusión del punto del orden del día dejaron que el proyecto de ley, que beneficiará a cerca de 34 mil personas con discapacidad, tenga sanción automática. Esto pese a que un día antes, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase (ANR, HC), afirmara que la norma no era sostenible porque desconocían el alcance de los beneficiarios.
El Senado dejó para último momento el estudio del proyecto de ley, pero evitó ratificarse en su rechazo por las fuertes críticas ciudadanas hacia el “autoaumento” salarial de G. 32.774.000 a G. 38.974.000, así como otros privilegios que pretenden autoasignarse a partir de enero próximo.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, dijo que se debe tener en cuenta el impacto presupuestario “estamos hablando de US$ 350 millones y si sumamos ahora US$ 350 millones al PGN, que es US$ 16.000 millones tenemos déficit de caja, manifestó al señalar que se trataba de datos proveídos por el Ministerio de Economía.
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“Va a ser sancionado”, dijo Bachi antes de excluir el punto y dijo que no puede hacer futurología sobre la decisión que el presidente Santiago Peña asumirá. “Sí puedo decir de que esto va a violar la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, es una legislación irresponsable que vino de la Cámara de Diputados, porque para qué tenemos una ley entonces de responsabilidad fiscal si nosotros después vamos a hacer proyectos de ampliar, entonces para adultos mayores que ganen el sueldo mínimo”, dijo.
Deja “pelota tata” en manos de Peña
Asimismo, afirmó que tenían los votos para rechazar, pero no quiso decir que no querían asumir el costo político. “Va a ser sancionado, la forma no me pregunten”, dijo el senador antes de excluir el punto del orden del día. “Les digo esta ley va a ser sancionada y que después el Ejecutivo evalúe si es cierto lo que dijeron 39 diputados irresponsables que firmaron este proyecto de ley al ser populistas. Entonces, yo mañana puedo presentar un proyecto de ley que establezca que todos los pasajeros del área metropolitana no va a pagar pasaje”, enfatizó.
Lo que plantea el proyecto de ley
El proyecto de ley, que ahora pasa a consideración del Ejecutivo, establece que todas las personas con discapacidad, ya sea física, psíquica, sensorial, congénita o adquirida, la cual le impida desarrollar una actividad laboral digna y remunerada, recibirán una pensión mensual de hasta el 25% del salario mínimo legal vigente (G. 699.557).
La norma señala que entre las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Establece también que no podrán acogerse a los beneficios de la presente ley las personas con discapacidad que perciban alguna remuneración del Estado o del sector privado (sueldo, jubilación, pensión).
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Entre los requisitos para acceder a dicho beneficio están: tener nacionalidad paraguaya natural, con grado de discapacidad moderada y/o grave que le impida ejercer actividades laborales y estar en situación de vulnerabilidad social. Dichas diferencias o discapacidades deberán ser constatadas y certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Asimismo, se crea el Fondo de Pensión para las Personas con Capacidad Diferente que se regirá por lo establecido en la presente ley y su reglamentación, según disponibilidad presupuestaria. El Estado asignará en su presupuesto anual los recursos necesarios para garantizar el pago de la pensión, la cual será abonada por el Ministerio de Desarrollo Social, que será el órgano de aplicación.