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El 17 de noviembre de 2014 los estatutos sociales de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) eran modificados para permitir que exautoridades sean parte de la Junta Directiva. Se trata del último cambio desde entonces a la carta orgánica de esta “organización sin fines de lucro”.
La modificación se dio en el periodo “esplendoroso” del clan Ñúñez de Villa Hayes, cuyo líder es el actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Este último, luego de ser presidente de la ONG entre 2007 y 2011, pasó a ocupar el cargo de “asesor” de su hermano Ricardo Núñez que ocupó la presidencia entre 2011 y 2016.
Los Núñez, aprovechando su “poder”, impulsaron el cambio del Art. 37 del estatuto social. Este articulado establecía: “La Junta Directiva estará integrada por los representantes titulares y alternos electos en las asambleas departamentales de las municipalidades, así como por el titular y alterno designados por la Municipalidad de Asunción. En este último caso, la intendencia municipal podrá designar representante para participar con voz y voto de las sesiones de la Junta Directiva. Las Organizaciones municipalistas de carácter nacional, debidamente reconocidas, podrán participar de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva, con voz, sin voto y sin formar parte del quórum legal, a través de un representante designado por cada una de ellas”.
Con la modificación introducida el Art. 37 quedó de la siguiente manera: “La Junta Directiva estará integrada por los representantes titulares y alternos electos en las asambleas departamentales de las municipalidades, así como el titular y alterno designados por la Municipalidad de Asunción. En este último caso, la intendencia municipal podrá designar representante para participar con voz y voto de las sesiones de la Junta Directiva. Integran también la Junta Directiva 4 (cuatro) miembros de la Junta Directiva que ha fenecido en su mandato, elegidos por sus pares; 2 (dos) funcionarios nombrados de la Opaci, elegidos por sus pares; 2 (dos) concejales municipales propuestos por las municipalidades del país”.
Es decir, el claro objetivo era evitar la transparencia sacando la posibilidad de que otras organizaciones pudieran participar de las sesiones y permitir que exautoridades comunales se perpetúen en la ONG. Esto quedó en evidencia en 2016, cuando Ricardo Núñez (hermano de Bachi) sin ser más intendente de Villa Hayes logró ser elegido presidente de la Opaci para el periodo 2016-2021.
No obstante, el escandaloso manejo de la ONG le obligó a renunciar a ese cargo y permanecer SOLO como miembro de la Junta Directiva.
Ocho nuevos miembros
La modificación hizo que a partir de 2016 existieran ocho nuevos miembros en la Junta Directiva. Actualmente, los integrantes por estatutos sociales son: la exintendenta cartista de Repatriación Ignacia Burgos de Torales; el diputado cartista y exconcejal de Capiatá Néstor David Castellano; el exintendente cartista de Santa Elena Miguel María Olmedo y el exintendente cartista de Villa del Rosario Eliodoro Caballero.
También está Ricardo Núñez Jara, actual concejal cartista de Villa Hayes e hijo del extitular de Opaci Ricardo Núñez, además de los funcionarios Robby Maciel y Leila Lorena Acosta. Todos estos datos de acuerdo a la página web oficial de la Opaci.
Como presidente de la Junta Directiva de la ONG aparece el intendente de Guarambaré, Óscar Esteban Cabrera (ANR, cartista), mientras los vicepresidentes primero, segundo y tercero son: Hamy Heriberto Chávez (intendente cartista de San José de los Arroyos), Carolina Rocío Aranda (intendenta liberocartista de Mariano Roque Alonso) y Óscar Martín Giménez (intendente cartista de Tte. Manuel Irala Fernández), respectivamente.
Admiten que están exentos
El intendente de Guarambaré y presidente de la Opaci, Óscar Cabrera Narváez (ANR, cartista), reconoció ayer a través de ABC que la ONG no rinde cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR) pese a sus atribuciones públicas y que su recaudación proviene de fondos públicos.
“No tenemos obligación de informar a la Contraloría, hacemos nuestra rendición a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, pagamos IVA y todos los impuestos; además, presentamos informe a la Seprelad (anti-lavado)”, indicó.
Agregó que desde la ONG no tienen problemas en ser auditados por la CGR, pero que existe impedimento legal para ello.
“No tenemos ningún problema en control de la CGR. Incluso, cuando asumí presenté una nota a la CGR para ser auditados y no respondieron absolutamente nada porque los estatutos son justamente los que impiden que se pueda hacer eso”, señaló.
En ese sentido, reconoció que la nota que remitió fue simplemente para justificarse ante la opinión pública. “Para que la gente entienda que nosotros queremos transparentar absolutamente nuestra función y compromiso”, dijo.
La Opaci, como una ONG, logró recaudar entre 2020 y 2024 más de G. 35.416 millones, alrededor de US$ 4,6 millones. Este monto es SOLO por la emisión y renovación de licencias de conducir.