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A finales del año pasado a través de un decreto presidencial se reglamentó en Paraguay el uso de dispositivos electrónicos de control destinados al seguimiento de procesados con prisión domiciliaria o con órdenes de restricción.
Con esta reglamentación vigente el Ministerio del Interior (MI), a cargo de Enrique Riera, impulsó el llamado a licitación para la compra de estos equipos y fueron finalmente cinco los oferentes que se presentaron, de acuerdo con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La mejor oferta fue la que presentó la firma Comtel Sociedad Anónima con un precio unitario de las tobilleras de G. 1.200.000, mientras que la oferta más cara fue la que presentó el Consorcio SNS PY por G. 2.191.449.
También se presentaron el Consorcio Track, Consorcio Monitoreos y Consorcio Alianza Skysafe.
En lo que respecta al presupuesto para este segmento, según lo que aparece en el portal de Contrataciones el monto mínimo de referencia es de G. 24.399 millones, mientras que el monto máximo alcanza los G. 81.332 millones, para 36.000 unidades.
Tobilleras electrónicas: varias protestas ante Contrataciones Públicas
En el portal de la DNCP se observan varias protestas que presentaron firmas que finalmente no ofertaron el pasado 4 de noviembre. Las empresas que protestaron contra el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) fueron Britimp Seguridad SA, Localiza Paraguay SA e lnformation Technology Consulting Support Sociedad Anónima.
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“Resalta la recurrente cierta discordancia, pues se requiere que la autonomía del equipo no sea inferior a 48 h. y en otro punto resalta que el dispositivo debe seguir enviando señal por lo menos 3 días después de las 48 horas de operación normal”, dice la protesta.
En lo que respecta a las especificaciones técnicas, cuestionan “que la homologación ante Conatel solicitada al momento de la presentación de las ofertas restringe la participación ante el corto tiempo proporcionado desde la difusión del PBC hasta la apertura de ofertas pues la gestión y obtención de la homologación abarcaría mínimamente 40 días, a más de ello asegura que esta exigencia está direccionada a una marca específica Buddi Limited, que es la única que posee la homologación”.
También denunciaron que la recurrente resalta que en el PBC se contempla el arrendamiento diario del dispositivo electrónico, no obstante, en los precios referenciales se establece una tarifa de servicio mensual, siendo a consideración una inconsistencia que podría ser tomada de mala fe.
Control en tiempo real gracias a tobilleras electrónicas
El dispositivo electrónico de control permitirá identificar a los usuarios y las víctimas en forma unívoca, así como reflejar el posicionamiento georreferencial de los usuarios en tiempo real, con indicación de la fecha y hora.
Podrán alertar al usuario y la víctima, según el caso, del acercamiento del otro, en cualquier circunstancia delimitada por la autoridad judicial competente.
Se habla asimismo de una oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control que permitirá contar con información exacta de la ubicación geográfica de los usuarios.
El equipo de monitoreo deberá tener establecido el protocolo para casos de pérdida de señal del dispositivo, como por ejemplo el de realizar el llamado telefónico al usuario para conocer el motivo por el cual se generó la alarma y realizar las advertencias correspondientes.
Además se deberá inmediatamente avisar a la unidad policial más cercana acerca de la proximidad del usuario al área de exclusión o la violación del área de exclusión.
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A mediados de este año, cuando el presidente Santiago Peña hizo algunas modificaciones y promulgó la ley de tobilleras electrónicas, se explicó que el juez deberá delimitar el área geográfica donde el procesado debe permanecer y, en caso de que viole los límites permitidos, automáticamente saltarán las alertas en el Centro de Monitoreo. En algunos países las tobilleras tienen alarmas sonoras que alertan sobre la violación del perímetro.
A nivel local, se desconoce si se tendrá esta u otra modalidad.