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El proyecto de ley que modifica la carta orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS) que eleva la base de cálculo de la jubilación para los trabajadores, también prevé dejar de transferir recursos a los programas de otras instituciones, reforzar su fondo de enfermedad y maternidad, y que la Escribanía Mayor de Gobierno realice la titulación de sus inmuebles en forma gratuita.
El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley el pasado miércoles 13, en medio de críticas generalizadas desde los sindicatos de trabajadores. En tanto, la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por Yamil Esgaib (ANR-HC), emitió un dictamen de aprobación al proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”. Se aguarda el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Económicos y Financieros así como la de Legislación y la de Presupuesto.
Los diputados que integran la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, que ya “dio luz verde” al polémico proyecto son: Los cartistas Yamil Esgaib (Presidente), Néstor Castellano, Domingo “Mino” Adorno, Carlos Godoy, Arturo Urbieta, Cristina Acosta. También Daniel Centurión (ANR-FR), Dalia Estigarribia (PLRA) y Rubén Rubin (Independiente).
Este proyecto de ley genera mucha crispación con los gremios de trabajadores, debido a las polémicas modificaciones que se pretenden realizar que podrían perjudicar a los aportantes en el momento de acogerse a su jubilación, ya que disminuiría el monto a percibir.
Lo que se plantea modificar
El proyecto de ley presente elevar la base de cálculo de 3 años (36 meses) a 10 años (120 meses), para el pago de los haberes jubilatorios a los beneficiarios. Esto abarcará a todo tipo de jubilación otorgada por el IPS: ordinaria, anticipada, proporcional, invalidez por enfermedad común o accidente que no sea de trabajo, e invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En el caso de la jubilación ordinaria se otorgará al asegurado que haya cumplido 60 años de edad o más y tenga como mínimo 25 años de aportes en el “Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones”, a quien le corresponderá un haber del 100% del promedio de los últimos 120 meses de salarios declarados y registrados, anterior al último aporte.
La jubilación anticipada, por su parte, se otorgará a los que tengan 55 años de edad y, al menos, 30 años de aportes, que recibirán el 80% del promedio de los últimos 120 meses de salarios declarados y registrados, anterior al último aporte. El porcentaje aumentará a razón de 4 puntos porcentuales por cada año adicional que el asegurado sobrepase los 55 años de edad en el momento de solicitarlo, hasta los 59 años de edad.
El proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo además contempla otras modificaciones, como dejar de transferir 2,5% para los programas de otras instituciones (Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo) y reforzar el fondo del programa de enfermedad y maternidad para atender la demanda existente.
Así también, para los demás tipos de jubilación, cada uno con sus respectivos requisitos, se establece igualmente para todos como base de cálculo para pagar el haber promedio de los últimos 120 meses (10 años) declarados y registrados.
Además, el proyecto de ley establece que todos los contratos, actos protocolares y extra protocolares, escrituras públicas, títulos de propiedad y demás documentos que resulten necesarios para la transferencia de bienes inmuebles, a título oneroso o gratuito, modificación o extinción de derechos reales, a favor del IPS, así como aquellos necesarios para la regularización de los títulos de propiedad, serán autorizados, labrados y formalizados por la Escribanía Mayor de Gobierno, quedando ellos exonerados de todo gasto, tasas, arancel que incida sobre su otorgamiento o su inscripción en los registros públicos.
Lo que dicen los trabajadores
Los gremios sindicales de trabajadores están totalmente en desacuerdo con el proyecto de ley y calificaron la propuesta de Santiago Peña como una “estafa” para los aportantes de la previsional. Indicaron que implicará una disminución de hasta el 40% en los haberes jubilatorios de los aportantes, especialmente para los trabajadores que están realizando sus contribuciones sobre la base del salario mínimo.
También manifestaron que no hay claridad respecto a cuál será la fórmula matemática que se utilizará para “promediar” los 10 años de la base del cálculo para la jubilación, por lo que solicitarán que se realicen audiencias públicas para analizar la reforma a la carta orgánica del IPS.